La campaña contra las drogas impulsada por Duterte, especialmente durante su presidencia entre 2016 y 2022, fue objeto de fuertes críticas por parte de organismos de derechos humanos y expertos de Naciones Unidas, que denunciaron el uso excesivo de la fuerza, como patrón, y la falta de rendición de cuentas. Filipinas fue Estado parte del Estatuto de Roma, tratado fundacional de la CPI, entre 2011 y 2019, periodo durante el cual la Corte considera que tiene jurisdicción sobre los hechos investigados, según confirmó este miércoles el propio tribunal durante una audiencia pública. Aunque el país se retiró del tribunal en 2019, la Corte mantiene competencia -y una investigación aún en curso- sobre los crímenes presuntamente cometidos mientras el país seguía vinculado al tratado.
Como parte de esa investigación, el exmandatario filipino fue detenido en Manila y entregado a la CPI en marzo del año pasado, tras la emisión de una orden de arresto inicialmente secreta. Su primera y única comparecencia ante la Corte tuvo lugar el 14 de marzo del año pasado, cuando confirmó su identidad por videoconferencia desde el centro de detención de la CPI en La Haya. La audiencia de confirmación de cargos, sobre la que se pronunció hoy el tribunal, se celebró este febrero sin el sospechoso, quien renunció a su derecho a estar presente, alegando una salud deteriorada y edad avanzada, a pesar de que un panel médico independiente había concluido unos días antes que estaba en condiciones de participar.
Durante esa sesión en febrero, la Fiscalía situó a Duterte, de 80 años, "en el corazón" de un plan de asesinatos como alcalde y presidente, mientras que la defensa denunció persecución política por parte del actual dirigente filipino, Ferdinand Marcos Jr.