La Corte Suprema confirmó la condena de 7 años de presidio efectivo contra el capitán del Ejército Eduardo Andrés Pulgar Guarda, tras rechazar el recurso de casación interpuesto por su defensa en el marco de un caso de fraude al fisco vinculado a procesos de desminado humanitario en el país. El fallo, adoptado por la Segunda Sala del máximo tribunal, ratificó además el pago de una multa de $142. 231.

910, equivalente al perjuicio causado, junto con las accesorias legales correspondientes. Los hechos investigados ocurrieron entre 2013 y 2014 en el contexto de adquisiciones para unidades de desminado en zonas fronterizas del norte y sur de Chile. De acuerdo con la sentencia, el oficial actuó como coautor de un esquema fraudulento que utilizó mecanismos de compra irregulares para desviar recursos fiscales.

La investigación estableció que, en coordinación con otros involucrados, se creó una empresa proveedora ficticia para simular adquisiciones que en gran parte no se concretaban, generando un perjuicio al Estado superior a $284 millones. En concreto, el mecanismo consistía en la compra de vouchers o vales canjeables por productos, los que eran posteriormente liquidados sin que los insumos —como cintas de demarcación o vestuario— fueran efectivamente entregados a las unidades de desminado. Respecto del recurso presentado por la defensa, la Corte Suprema desestimó los argumentos que buscaban rebajar la pena, señalando que no se configuró una colaboración sustancial del acusado en el esclarecimiento de los hechos.

El fallo enfatiza que este tipo de atenuante requiere un aporte “relevante y eficaz” a la investigación, lo que no se acreditó en el caso. Asimismo, el tribunal rechazó la pretensión de considerar como “muy calificada” la irreprochable conducta anterior del condenado, indicando que los antecedentes presentados no cumplían con el estándar exigido para una rebaja adicional de la pena. La decisión fue adoptada con votos disidentes, ya que dos integrantes de la sala estuvieron por acoger parcialmente el recurso, al estimar que no se valoraron adecuadamente ciertos antecedentes personales del acusado.

No obstante, la mayoría del tribunal concluyó que no existían errores de derecho que justificaran invalidar la sentencia. Con este fallo, la Corte Suprema cierra definitivamente el caso, consolidando una de las condenas más relevantes en materia de fraude al fisco asociado a operaciones logísticas militares en el país.