La Corte Suprema emitió este viernes una serie de observaciones al Plan de Reconstrucción Nacional impulsado por el gobierno del presidente José Antonio Kast, advirtiendo que la iniciativa requiere “ajustes relevantes” en materias ambientales, procesales y de impacto fiscal. El informe fue remitido tanto al Ejecutivo como a la Cámara de Diputados, en momentos en que la megarreforma comienza su discusión legislativa tras avanzar en la comisión de Hacienda. Entre los principales cuestionamientos del máximo tribunal aparecen modificaciones al sistema de evaluación ambiental, los mecanismos de reclamación judicial y el rol de los Tribunales Ambientales.
Riesgo para el Estado Uno de los puntos más sensibles planteados por la Suprema apunta al mecanismo que permitiría compensar gastos de inversionistas cuando una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) sea anulada judicialmente. Según el informe, aunque la norma busca otorgar certeza jurídica a los titulares de proyectos, la propuesta “aparece formulada en términos amplios”. En esa línea, el tribunal advirtió que “el Fisco podría terminar operando como una suerte de asegurador general del riesgo regulatorio de la inversión privada”.
Asimismo, sostuvo que el proyecto debería incorporar requisitos más estrictos para acceder a estas compensaciones, como acreditar buena fe, ausencia de responsabilidad en el vicio detectado y proporcionalidad de los gastos reclamados. Observaciones al sistema ambiental La Corte Suprema también expresó reparos al nuevo sistema de impugnación ambiental contemplado en la iniciativa. A juicio del tribunal, el texto “no define con claridad” si los cambios propuestos corresponden a una excepción específica o a una modificación estructural del sistema vigente, lo que podría generar incertidumbre jurídica.
Además, cuestionó que el proyecto no armonice adecuadamente las nuevas acciones judiciales con la Ley N°20. 600, que regula actualmente a los Tribunales Ambientales. “Puede afectar su eficacia práctica y generar incertidumbre sobre quiénes podrán ejercerla”, indicó el documento.
El proyecto impulsado por el Ejecutivo contempla más de 40 medidas orientadas a estimular el crecimiento económico, incluyendo rebajas tributarias, incentivos a la inversión y cambios en permisos ambientales. Sin embargo, la iniciativa ya había generado advertencias desde organismos como el Consejo Fiscal Autónomo y el Fondo Monetario Internacional, que alertaron sobre posibles efectos negativos en las cuentas públicas. En sus conclusiones, la Corte Suprema sostuvo que, si bien la propuesta persigue objetivos “atendibles” vinculados a la certeza jurídica y agilización de procesos, la regulación “requiere ajustes relevantes de coordinación normativa, precisión competencial y delimitación sustantiva de sus efectos”.