La decisión fue acordada con el voto en contra de los ministros Valderrama y Zepeda, quienes estuvieron por acoger el recurso, estimando que la designación de un informante como agente revelador debía ser debidamente fundada por el Ministerio Público, y que su utilización sin justificación podía comprometer la legalidad de las diligencias posteriores y vulnerar garantías fundamentales.