La última vez que un Presidente de la República recurrió al Consejo de Seguridad Nacional (COSENA) fue en 2024, durante la administración de Gabriel Boric. Desde entonces, el debate sobre la eficacia de esa instancia —de carácter asesor y convocada en situaciones excepcionales— ha ido ganando espacio en el Congreso. En ese contexto, un grupo transversal de senadores ingresó una reforma constitucional que busca dar un giro estructural al sistema: instalar un órgano permanente de coordinación estratégica del Estado en materias de seguridad.

La iniciativa, que se ingresó en las últimas horas, fue presentada por la senadora y presidenta de la Cámara Alta, Paulina Núñez (Renovación Nacional) y los senadores Carlos Bianchi (independiente), Iván Flores (Democracia Cristiana), Alejandro Kusanovic (independiente pro RN) e Iván Moreira (Unión Demócrata Independiente). Un “conductor estratégico” del Estado El proyecto propone la creación del Consejo Nacional de Conducción Estratégica del Estado, una instancia permanente destinada a articular la acción del Estado en seguridad, defensa y política exterior, bajo la conducción directa del Presidente de la República. El diagnóstico que sustenta la reforma apunta a un cambio en la naturaleza de las amenazas.

“Los riesgos (…) se presentan como fenómenos complejos, interconectados y de alcance transversal”, advierte la propuesta. A diferencia del COSENA, que funciona como órgano asesor, este nuevo consejo tendrá un rol operativo y continuo. Estará integrado por el Presidente y los ministros del Interior, Seguridad Pública, Defensa, Relaciones Exteriores y Hacienda, con facultades para convocar a otras autoridades según la contingencia.

Entre sus atribuciones figuran la definición de prioridades estratégicas, la coordinación interinstitucional, la evaluación de riesgos y el seguimiento de políticas públicas en seguridad. El texto establece que deberá “asegurar la integración y coordinación de la acción de los órganos del Estado” . Ajuste al COSENA La reforma no elimina el COSENA, pero sí lo actualiza.

Se amplía su integración incorporando al director general de la PDI, al Fiscal Nacional, al fiscal jefe supraterritorial y al jefe del Estado Mayor Conjunto. El objetivo es adecuar su composición a la realidad actual, donde la persecución penal especializada y la coordinación operativa han adquirido un peso determinante frente al avance del crimen organizado y otras amenazas. El proyecto establece una arquitectura dual.

Por un lado, el COSENA se mantiene como instancia de asesoría superior. Por otro, el nuevo consejo operará como órgano permanente de conducción estratégica. La lógica es separar la reflexión estratégica de la ejecución coordinada, cerrando una brecha histórica en la toma de decisiones del Estado en seguridad.

Alcance político La propuesta, respaldada por senadores de oficialismo e independientes, busca instalar un “centro de gravedad” en la conducción del Estado, evitando la fragmentación entre ministerios y agencias. No obstante, abre un debate sobre la concentración de atribuciones en el Ejecutivo y los contrapesos que deberá establecer la ley orgánica que regule su funcionamiento. Implementación La reforma contempla que, de ser aprobada, el Presidente deberá ingresar en un plazo de 90 días la ley orgánica constitucional que regule el nuevo consejo.

Mientras ello no ocurra, podrá designar una autoridad encargada de coordinar estas materias mediante decreto supremo. Con esto, senadores instalan en el Congreso una discusión de fondo que apunta a cómo pasar de un sistema reactivo —basado en convocatorias excepcionales como el COSENA— a uno de conducción estratégica permanente frente a amenazas cada vez más complejas. Incluso en base a este modelo podrían analizarse amenazas extranjeras de crimen organizado.