El Consejo para la Transparencia (CPLT) divulgó una inédita radiografía sobre el funcionamiento interno de los sistemas de transparencia en los organismos públicos del país, revelando que gran parte de las instituciones estatales aún enfrenta serias limitaciones para cumplir adecuadamente con las obligaciones que establece la Ley de Transparencia. El estudio, denominado “Censo de Funcionamiento de los Sistemas de Transparencia de los Sujetos Obligados de la Ley de Transparencia”, se basó en una encuesta aplicada durante 2025 a 1. 110 instituciones públicas, de las cuales 955 entregaron respuestas válidas.

Entre sus principales conclusiones aparece que el 34,1% de los organismos deja estas tareas en manos de una sola persona, mientras que otro 29,3% funciona con apenas dos funcionarios destinados a esta labor. El informe también expone que cerca del 80% de los encargados de transparencia no cuenta con dedicación exclusiva, debiendo compatibilizar esta función con otras tareas institucionales. Además, más de un tercio de las reparticiones carece de un acto administrativo que formalice responsabilidades y funciones en esta materia.

La presidenta del CPLT, Natalia González, sostuvo que el reporte permite observar “cómo está funcionando la transparencia en el Estado” y advirtió que no basta con establecer obligaciones legales, sino que se requieren “equipos y capacidades reales para responder adecuadamente a la ciudadanía”. Resultados regionales En Ñuble, el informe mostró importantes diferencias entre los organismos fiscalizados. Según los antecedentes del CPLT, la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Ñuble y la Seremi de Salud de Ñuble obtuvieron un 100% de cumplimiento en transparencia activa, posicionándose además entre las mejores evaluadas a nivel nacional.

Más abajo aparecieron el Hospital de San Carlos con 97,5%; el Hospital Clínico Herminda Martín con 96,5%; y el Servicio de Salud Ñuble, con 93,7%. En contraste, la Delegación Presidencial Provincial de Punilla alcanzó 78,5%, mientras que la Delegación Presidencial Provincial de Itata obtuvo 56,2%, uno de los puntajes más bajos de la región. Desde la Seremi de Vivienda, la titular regional, Carolina Navarrete, valoró el resultado alcanzado y afirmó que el denominado Caso Convenios marcó “un punto de inflexión” para reforzar los mecanismos internos de control y acceso a la información.

“Cumplir con la Ley de Transparencia no es solo una obligación, sino una señal concreta de respeto hacia la ciudadanía”, afirmó la autoridad, quien además detalló que durante 2025 la repartición recibió 50 solicitudes de información y que este año ya suman 30 requerimientos, principalmente vinculados a planificación territorial, universidades y organizaciones comunitarias. El seremi de Salud de Ñuble, Jorge Carrillo, atribuyó el 100% de cumplimiento a la optimización de procesos internos y al trabajo permanente de los equipos técnicos de la repartición. “Estos resultados solo nos motivan a continuar con los niveles de optimización de nuestros procedimientos”, sostuvo la autoridad sanitaria, destacando la actualización y disponibilidad de los antecedentes entregados a la ciudadanía.

Desde la Provincia de Itata, el delegado presidencial Tomás Landaeta reconoció las observaciones detectadas por el CPLT y anunció medidas correctivas para fortalecer la transparencia activa. “Ya hemos instruido una revisión interna de los procedimientos asociados a transparencia activa”, indicó, agregando que se impulsará un plan de mejora orientado a fortalecer controles internos y garantizar acceso oportuno a la información pública. En una línea similar, el delegado presidencial provincial de Punilla, Cristóbal Jardua, explicó que parte de las falencias detectadas corresponde a procesos administrativos heredados de la administración anterior.

“Se ha trabajado de manera permanente y coordinada junto a los equipos internos para abordar estas brechas”, afirmó la autoridad, enfatizando que continuarán reforzando los estándares de cumplimiento y funcionamiento institucional. El CPLT informó que toda la información recabada por este informe será derivada a la Contraloría General de la República.