El crecimiento no es un eslogan ni una expectativa, es una construcción. Requiere instrumentos, coordinación, continuidad y, sobre todo, capacidades instaladas. No basta con una intención: alguien tiene que diseñar, ejecutar, evaluar y sostener estos procesos en el tiempo.

Nuestro país ha perdido dinamismo. En los años noventa y comienzos de los 2000’s crecíamos a tasas cercanas al 4% anual, en gran medida gracias a una condición externa que nos favorecía: el auge de los commodities. Hace más de quince años que ese impulso se agotó y el panorama es distinto: estamos estancados, con un índice inferior al 2%, cifra estimada por el propio Banco Central.

Y lo que quedó en evidencia es que, durante todo ese tiempo, no se construyeron capacidades internas suficientes para sostener un nuevo ciclo de crecimiento. El país sigue dependiendo de una matriz productiva poco diversificada, concentrada en la extracción y exportación de recursos naturales. Al mismo tiempo, la inversión en I+D+i se mantiene baja, en torno al 0,3% del PIB (muy lejos del promedio de la OCDE, que supera el 2%).

Con estos números, pensar en un crecimiento económico con apellido “sostenible” resulta tristemente imaginario. No es una desaceleración circunstancial, es la incapacidad de crecimiento. Y esto no es un diagnóstico aislado: informes del BID recalcan que América Latina enfrenta un problema estructural de baja productividad, con economías que no logran sostener procesos de transformación productiva en el tiempo.

En el caso de Chile, el desafío es particularmente evidente: un país que logró estabilidad macroeconómica, pero que no ha dado el salto hacia una economía más intensiva en capital humano. El sector privado tampoco escapa a esta lógica. Estudios de McKinsey & Company han mostrado que incluso en economías relativamente sofisticadas de la región, como Brasil, la adopción tecnológica y el escalamiento productivo avanzan más lento de lo esperado, limitando el potencial de crecimiento de largo plazo.

¿La razón? Se requiere de una mejora en las habilidades y en la capacidad de adopción de nuevas tecnologías por parte de los usuarios. Es consecuencia, el problema no es solo cuánto crece Chile, sino cómo crece y con qué herramientas pretende hacerlo.

En ese contexto, la eliminación o debilitamiento de programas orientados al desarrollo productivo no es un detalle administrativo. Es una señal. Programas como el de Desarrollo Productivo Sostenible (cuyo propósito era articular financiamiento, capacidades técnicas e instrumentos para impulsar inversión, innovación y escalamiento productivo) son, precisamente, uno de los pocos intentos de abordar un problema estructural: la dificultad histórica de Chile para construir una matriz productiva diversificada.

Eliminar este tipo de iniciativas, mientras se insiste en la necesidad de retomar el crecimiento, constituye una contradicción per-se. Se ha señalado que “los recursos liberados en gastos de personal se destinarán al financiamiento de acciones, iniciativas o instrumentos que contribuyan al desarrollo y transformación productiva sostenibles”. Y entonces, ¿quién ejecuta esos programas cuando las capacidades que los hacían posibles desaparecen?

Aquí no hay solo una inconsistencia técnica. Hay algo más grave: el pensar que, para alcanzar el desarrollo, la ejecución es un detalle y no el meollo del asunto. El crecimiento económico exige equipos técnicos, continuidad institucional y aprendizaje acumulado.

Necesita tiempo. Y, sobre todo, requiere al Estado como un articulador activo de estos procesos. Ahí es donde los instrumentos importan.

Ahí es donde programas como DPS dejan de ser una línea presupuestaria y pasan a ser una pieza dentro de un engranaje mayor. El riesgo no es solo eliminar un programa. El riesgo es consolidar una lógica en la que se habla de crecimiento sin hacerse cargo de su implementación.

Porque el crecimiento económico no se decreta. Se construye. Y, sobre todo, se ejecuta.