La institución registra 3. 385 funcionarios menos que en 2019 y enfrenta una baja del 52% en las postulaciones durante los últimos años. El general director (r) Ricardo Yáñez atribuyó el escenario al abandono de políticas públicas de seguridad, falta de modernización de la carrera,remuneraciones estancadas y pérdida de atractivo para los jóvenes.

La baja sostenida de postulantes a Carabineros de Chile volvió a instalarse en el centro del debate público luego de conocerse nuevas cifras que dan cuenta de una compleja realidad institucional: más de 12 mil vacantes disponibles, una disminución relevante en la dotación efectiva y una fuerte caída en el interés de los jóvenes por ingresar a la policía uniformada. De acuerdo con los antecedentes expuestos en distintos medios de comunicación, Carabineros dispone actualmente de 68. 731 empleos disponibles, pero solo 56.

509 funcionarios se encuentran en servicio. Esto significa que la institución mantiene 12. 222 vacantes sin cubrir, una brecha que preocupa especialmente en un contexto marcado por el aumento de la demanda ciudadana en materia de seguridad, el avance del crimen organizado y la necesidad de mayor presencia policial en barrios, comunas y zonas fronterizas.

La comparación con años anteriores profundiza la preocupación. En 2019, la institución contaba con 59. 894 funcionarios, mientras que hoy la cifra alcanza los 56.

509. Es decir, Carabineros tiene 3. 385 funcionarios menos que hace cinco años, pese a que la presión operativa sobre la policía ha aumentado de manera significativa en todo el país.

El problema no solo está en la dotación actual, sino también en el futuro de la institución. Entre 2015 y 2019, Carabineros registró un promedio de 16. 098 postulantes.

Sin embargo, entre 2020 y 2024 esa cifra cayó en un 52%, llegando a 7. 118 postulaciones. La tendencia ha encendido las alarmas, ya que de mantenerse este ritmo, algunas proyecciones advierten que hacia 2030 Carabineros podría funcionar con cerca de 34.

000 funcionarios, una cifra que abriría un escenario crítico para la capacidad operativa policial. El general director en retiro de Carabineros, Ricardo Yáñez, abordó esta situación en conversación con Meganoticias Siempre Juntos, donde entregó su visión sobre las causas de esta baja y apuntó directamente a una acumulación de decisiones políticas, institucionales y sociales que, a su juicio, fueron debilitando el atractivo de la carrera policial. Yáñez sostuvo que uno de los primeros factores fue el abandono de una política pública que, según indicó, durante años permitió ordenar el trabajo territorial de la institución.

“El Estado abandonó en 2013 algo que se llamaba Plan Cuadrante de Seguridad y Garantía”, señaló, agregando que desde entonces “se abandonan la políticas públicas en materia de seguridad por parte de los diferentes gobiernos y se transforman en estrategias de gobierno reactivas para hacer frente a la delincuencia”. La afirmación del exgeneral director apunta a un punto sensible del debate: la diferencia entre una planificación permanente en seguridad pública y las respuestas coyunturales frente a crisis delictuales. En ese sentido, la caída de postulantes no sería solo un problema interno de Carabineros, sino también el reflejo de una pérdida de visión de largo plazo por parte del Estado respecto del rol, condiciones y proyección de quienes ingresan a la institución.

Otro elemento señalado por Yáñez tiene relación con los cambios en el acceso a la educación superior. Según explicó, durante años muchos jóvenes veían en las instituciones uniformadas una alternativa concreta de formación, empleo y estabilidad laboral. Sin embargo, con la implementación de la gratuidad universitaria, ese incentivo perdió fuerza si no iba acompañado de una modernización equivalente en Carabineros y en las Fuerzas Armadas.

“El Estado empezó con la gratuidad. Sin embargo, paralelamente, las instituciones de las Fuerzas Armadas y Carabineros no fueron avanzando en la misma modernización que hiciera atractivo nuestros diseños de desarrollo de carrera”, planteó la exautoridad. En esa línea, Yáñez agregó que “hay muchos jóvenes que la única alternativa que veían era ingresar a las instituciones uniformadas porque, de alguna manera, el Estado subsidiaba la educación de estos jóvenes, y rápidamente salían en un año con trabajo”.

Con la ampliación de opciones en el sistema universitario, la carrera policial dejó de ser para muchos una de las pocas vías de movilidad social, especialmente si suscondiciones laborales, remuneracionales y de desarrollo profesional no evolucionaron al mismo ritmo. El diagnóstico también incorpora factores sociales y políticos. Para el general director en retiro, el periodo posterior al estallido social marcó un punto de inflexión en la percepción pública de Carabineros.

Yáñez habló de un “estallido delictual” y de una “campaña de desprestigio” y “denigración” hacia la institución por su actuación en un momento que definió como de alta violencia. A juicio del exjefe policial, ese clima impactó no solo en la imagen pública de Carabineros, sino también en la decisión de miles de jóvenes y sus familias al momento de considerar una carrera dentro de la institución. La vocación policial, históricamente asociada al servicio público, la disciplina y la estabilidad laboral, comenzó a enfrentar una carga adicional: el temor al cuestionamiento social, a la exposición pública y a la eventual responsabilidad judicial en procedimientos complejos.

En esa misma línea, Yáñez apuntó a la judicialización que, según dijo, enfrentaron muchos funcionarios mientras cumplían labores propias de su cargo. “La judicialización que vivieron muchos carabineros cumpliendo un deber que es constitucional”, señaló, al enumerar las razones que habrían incidido en la pérdida de interés por ingresar a la institución. A ello sumó los efectos de la pandemia, que obligó a adoptar medidas restrictivas y reducir espacios de formación, dificultando también el proceso de captación, preparación e incorporación de nuevos funcionarios.

Sin embargo, para el exgeneral director, el problema es más profundo y se arrastra por años. Uno de los aspectos más duros de su análisis fue la falta de reconocimiento institucional y educacional para la Escuela de Formación de Carabineros. Según sostuvo, recién en 2024 se reconoció dicho plantel como una institución de educación de nivel técnico superior.

“Fue tal el abandono del Estado que recién en el año 2024 se reconoce la Escuela de Formación de Carabineros como un plantel de educación denivel técnico superior. No tenía reconocimiento legal”, afirmó. Esta situación, de acuerdo con su planteamiento, reflejaría una postergación estructural en la modernización de la carrera policial.

Mientras otras áreas del Estado y del sistema educacional avanzaban en acreditaciones, títulos, certificaciones y mejoras de trayectoria, Carabineros habría permanecido durante años con un modelo formativo que no entregaba suficientes herramientas de competitividad frente a otras alternativas educacionales y laborales. El tema remuneracional también aparece como un factor central. Yáñez recordó que la última vez que un gobierno realizó un ajuste al sistema de remuneraciones de Carabineros fue en 2008.

Desde entonces, aseguró, no ha habido avances concretos para mejorar las condiciones económicas de quienes ingresan ni de quienes ya forma parte de la institución. “El 2008 fue la última vez que un gobierno hizo un ajuste al sistema de remuneraciones de Carabineros. De ahí en adelante, no ha habido nada en concreto que permita mejorar las condiciones, no solo para los que ingresan, sino también para los que están y poder retenerlos”, concluyó.

La advertencia llega en un momento particularmente complejo para el país. La seguridad pública se ha consolidado como una de las principales preocupaciones ciudadanas, mientras autoridades nacionales, regionales y municipales demandan mayor presencia policial, más patrullajes, mejores tiempos de respuesta y una acción más robusta frente a delitos violentos, narcotráfico, crimen organizado, comercio ilegal, contrabando y violencia en los territorios. Sin embargo, esas demandas chocan con una realidad operativa evidente: menos funcionarios disponibles, menor cantidad de postulantes y una brecha creciente entre las plazas existentes y los cargos efectivamente cubiertos.

En regiones extremas y zonas fronterizas, donde la presencia policial resulta clave para el control territorial, la prevención y la respuesta ante emergencias, esta situación adquiere una dimensión aún más sensible. La caída de postulantes también abre una discusión de fondo sobre el tipo de carrera policial que el Estado está ofreciendo a las nuevas generaciones. Ya no basta con apelar únicamente a la vocación de servicio.

En un mercado laboral más competitivo, con mayores alternativas de educación superior y con jóvenes que evalúan condiciones de vida, remuneraciones, estabilidad, protección institucional y posibilidades de desarrollo, Carabineros enfrenta el desafío de volver a ser una opción atractiva,moderna y valorada. El diagnóstico expuesto por Ricardo Yáñez instala una pregunta mayor: cómo reconstruir el vínculo entre el Estado, la institución policial y la sociedad, en un momento en que la ciudadanía exige más seguridad, pero la principal policía preventiva del país enfrenta dificultades para completar sus filas. La crisis de postulantes no es solo una estadística administrativa.

Es una señal de alerta sobre la capacidad futura del país para sostener una política de seguridad pública efectiva. Si la tendencia no se revierte, el déficit de funcionarios podría transformarse en uno de los principales obstáculos para responder a la delincuencia, fortalecer el control territorial y recuperar la presencia preventiva del Estado en las calles. En medio de ese escenario, la discusión parece inevitable: modernizar la carrera, mejorar las remuneraciones, fortalecer la formación, proteger jurídicamente el cumplimiento del deber y reconstruir la legitimidad institucional aparecen como tareas urgentes.

Porque detrás de cada vacante sin cubrir no solo hay un puesto disponible; también hay una patrulla menos, un cuadrante más exigido y una comunidad que espera mayor seguridad.