En conversación con El Ciudadano, Fabiola Cayla, presidenta del Sindicato de Prodemu, declaró que la crisis financiera que enfrenta la fundación tiene efectos directos y concretos en los y las trabajadoras. En el ámbito laboral, indicó que genera incertidumbre respecto a la estabilidad del empleo de las más de 460 trabajadoras que componen la planta de Prodemu. Además, agregó que a esta situación se suman retrasos en los pagos y un debilitamiento de las condiciones laborales.

Respecto al ámbito programático, Cayla señaló: “La situación pone en riesgo la continuidad de talleres, coberturas territoriales y procesos formativos, afectando especialmente a las mujeres más vulnerables del país, que son el público objetivo de la Fundación y que dependen de estos espacios para avanzar en su autonomía económica”. La dirigenta explicó que tienen planificado trabajar con 50 mil mujeres en el transcurso del año, a esto se le suma otras 3 mil del programa mujeres rurales, por lo que la crisis genera un gran impacto en las mujeres participantes. Cayla fue enfática en declarar que “no se trata solo de un problema institucional, sino de un impacto social profundo”.

Respecto a los contratos colectivos, desde el sindicato fueron tajantes al rechazar que la responsabilidad recaiga en las y los trabajadores, mientras las decisiones corresponden a la administración. “Los convenios colectivos son el resultado de procesos de negociación legítimos e históricos entre las trabajadoras y la institución. Nuestro contrato colectivo tiene 29 años de historia, por lo tanto, no es un elemento nuevo ni imprevisto dentro de la estructura de funcionamiento de la Fundación”, señaló Cayla.

En esa línea, la dirigenta explicó que se trata de derechos laborales básicos, desarrollados a lo largo del tiempo y oficialmente reconocidos. Para Cayla, si es que existen desajustes presupuestarios, estos deben ser analizados desde la gestión institucional y los mecanismos de financiamiento, no como una crítica al ejercicio del derecho colectivo. Además, el sindicato indicó que es “importante precisar que los contratos colectivos vigentes de ambos sindicatos, fueron firmados por la administración de turno en antecedentes de que el convenio de ejecución con SernamEG, por primera vez, excluye la posibilidad de rendir estos beneficios dentro del marco presupuestario.

Es decir, se adoptó una decisión administrativa con pleno conocimiento de compromisos laborales adquiridos”. Al ser consultados sobre si la responsabilidad recae en la administración anterior o es más bien un problema estructural, la organización señaló que existen responsabilidades en ambas dimensiones: “Puede haber responsabilidades administrativas que deben investigarse, pero también existe un problema estructural: el modelo de financiamiento de fundaciones públicas como PRODEMU es inestable fuera de la estructura que lo sostenía originalmente (Dirección Socio Cultural De La Presidencia), generando escenarios recurrentes de incertidumbre y crisis ya que no se realizó un traspaso apropiado”, indicaron. En esa línea, Cayla enfatizó en que en el transcurso de la última administración se adoptaron decisiones políticas que tuvieron impacto directo en la situación actual de la fundación: “En particular, el término de la Dirección Sociocultural de la Presidencia, impulsado bajo el liderazgo de Irina Karamanos, implicó el traspaso de PRODEMU al Ministerio en un proceso que, desde nuestra perspectiva, no contó con preparación institucional alguna”, señaló.

La dirigente explicó que el traspaso fue realizado sin una planificación efectiva, sin ajustes administrativos previos, sin validación ni aprobación oportuna de los programas, y sin una etapa de transición o “marcha blanca” que permitiera una integración real. “Como trabajadoras y trabajadores, vemos con preocupación cómo a su vez el nuevo gobierno pese a la insistencia de nuestra organización sindical, simplemente no ha abierto dialogo para abordar esta situación que venimos alertando desde hace ya bastante tiempo y así hoy por primera vez en 35 años de historia, la primera institución en Chile desde el retorno a la democracia en trabajar con las mujeres, se queda sin sueldo para sus trabajadoras y sin recursos para la ejecución de la oferta programática”, agregó. Por último, desde el sindicato, exigen el pago íntegro de las remuneraciones y el respeto a los derechos adquiridos en negociaciones colectivas vigentes.

Además, demandan no interrumpir los programas para mujeres, advirtiendo su impacto en las más vulnerables y en su autonomía. “Como trabajadoras y trabajadores con más de 35 años de historia en PRODEMU, nos preocupa profundamente no estar llegando hoy con una oferta que sabemos es necesaria para su autonomía y desarrollo”, señaló Cayla al respecto. Además, desde el sindicato consideran fundamental tener una participación efectiva de las y los trabajadores en todos los procesos de reestructuración de la fundación: “Nadie conoce mejor la operación, el territorio y el impacto de los programas que quienes los ejecutamos día a día”.

Finalmente, el sindicato exigió que el Estado garantice la continuidad del rol público de la fundación, asegurando que la institución siga cumpliendo su función histórica en la promoción de la autonomía de las mujeres.