Así, en los últimos 10 años (los de mayor emergencia hídrica en la cuenca de Tiltil) el municipio se vio en la obligación de destinar aproximadamente un 40% de su presupuesto anual para el abastecimiento de agua potable en los sectores que estaban fuera del área de concesión de Aguas Andinas, movilizando de esa manera aproximadamente 300. 000 litros diarios mediante camiones aljibes a distintas zonas, cuya única manera de abastecerse ha sido mediante este sistema mecánico. El gasto de combustible, el desgaste de los vehículos, el peligro para los choferes, y lo frágil de un sistema supeditado a las condiciones de los caminos, provoca que la crisis no sea solo sobre asuntos económicos, sino que de sobrevivencia de amplios sectores de la población.

Como este, hay ejemplos en todo el territorio: podemos observar las mismas problemáticas en todos los bordes urbanos, los que, por sus condiciones, tampoco son susceptibles de ser abordados por los Comités de Agua Potable (APR). Así, todas estas comunidades quedan en una especie de tierra de nadie. El estancamiento económico, la frustración, la degradación de la calidad de vida y el incremento de la inequidad territorial conlleva al surgimiento de campamentos y tomas en áreas de alto riesgo, poniendo en mayor peligro a la población y sobrepasando cualquier intento de contención por parte de la autoridad administrativa.

La ciudad no crece y se genera una presión social crónica. El tiempo se agota. Es imperioso ajustar la potestad que tienen las sanitarias sobre las necesidades urbanas y de vivienda.

No se trata de cargar la mano a estas empresas, pero sí de generar un equilibrio armónico tanto en planificación como en la inyección de recursos para que prosperen las muy necesarias ampliaciones de áreas de concesión, y su consecuencial factibilización de nuevos territorios para un verdadero desarrollo económico y social de las ciudades. Las actuales reformas que propone el Ministerio de Vivienda y Urbanismo van en esa línea, en la cual, junto a agilizar la permisología, se consideran acciones que apuntan en una buena dirección, siempre y cuando estos esfuerzos vayan de la mano de un sentido social, democrático y sustentable, buscando la armonía y el bienestar de la población.