Crisis silenciosa en las aulas: expulsiones al alza y reinserción en duda En distintos puntos del país, las escenas de peleas, los reportes de amenazas escritas e incluso las agresiones a docentes han comenzado a repetirse con una frecuencia que ha generado inquietud en las comunidades educativas y en las autoridades a cargo de hacer frente a este fenómeno. Lo que antes parecía excepcional en recintos que presentan altos niveles de vulnerabilidad, hoy se instala como parte de una realidad que el sistema escolar chileno no ha logrado contener del todo. Desde el inicio del año escolar 2026, varios episodios de violencia han llegado a la opinión pública, algunos con alta exposición mediática, como el asesinato de una inspectora en el liceo Obispo Silva Lazaeta de Calama o las amenazas de tiroteo que se extendieron a lo largo del país.

Sin embargo, más allá de los casos que se viralizan, existe una tensión constante al interior de los establecimientos: cómo sancionar, cómo prevenir y, sobre todo, cómo sostener las trayectorias educativas de aquellos que incurren en faltas graves. La expulsión y la cancelación de matrícula —las medidas más extremas dentro del sistema escolar— han pasado de ser excepcionales a convertirse en herramientas recurrentes para enfrentar un problema mayor. Decisiones que, en muchos casos, no solo cierran un año académico, sino que pueden redefinir el futuro completo de un estudiante.

MÁS EXPULSIONES, MENOS MARGEN En menos de una década, las expulsiones crecieron de manera sostenida, especialmente tras el retorno a clases presenciales luego de la pandemia. Los registros oficiales muestran una curva ascendente que se acelera con fuerza desde 2022. Los datos son elocuentes.

Según la Contraloría General de la República, entre 2024 y agosto de 2025 se registraron 4. 037 sanciones, de las cuales 2. 641 corresponden a expulsiones y 1.

396 a cancelaciones de matrícula. El quiebre se produce tras la pandemia. Entre 2022 y 2024 se alcanzó un promedio anual de 1.

754 casos, más del doble del período anterior. El fenómeno no es nuevo, pero sí se ha intensificado. El informe "Caracterización de las medidas de expulsión y cancelación de matrícula (2016-2024)" muestra que los casos se triplicaron en menos de una década, pasando de 741 en 2016 a 2.

423 en 2024. El dato más crítico: las expulsiones aumentaron en un 681% en ocho años, pasando de 167 a 1. 304 casos La convivencia escolar, golpeada por largos periodos de aislamiento, regresó a las aulas con conflictos más complejos, menos herramientas socioemocionales y una institucionalidad exigida al límite.

Lo que antes se intentaba resolver con medidas formativas, hoy muchas veces termina en sanciones definitivas. Y eso tiene una explicación: los hechos que se están registrando son cada vez más graves. Agresiones físicas entre estudiantes, amenazas, presencia de armas o episodios de connotación sexual han obligado a los establecimientos a aplicar con mayor frecuencia la Ley Aula Segura, que permite actuar con rapidez cuando está en riesgo la integridad de la comunidad escolar.

BIOBÍO, EL REFLEJO DE LA CRISIS En la actualidad, la región de Biobío ocupa el segundo lugar a nivel nacional en número de expulsiones pasando de solo tres expulsiones en 2016 a 158 expulsiones en 2024, un aumento de más del 5. 100%. En cancelaciones de matrícula, el salto también es significativo: de 11 casos en 2016 a 117 en 2024.

A nivel provincial, la concentración es aún más evidente. En la provincia de Biobío, el 91% de las expulsiones registradas entre 2016 y 2024 ocurrió en el período posterior a la pandemia. Directivos, docentes y asistentes de la educación coinciden en un diagnóstico: los estudiantes volvieron distintos.

Más impulsivos, más desregulados emocionalmente y con menos herramientas para resolver conflictos. MARCO LEGAL Pero no todo depende de la gravedad de los hechos. También existe un marco legal que regula cuándo una expulsión es válida y cuándo puede transformarse en un problema jurídico.

El abogado educacional Ricardo Hidalgo lo explica con claridad: no basta con que exista una falta grave. "La expulsión tiene que estar respaldada por un procedimiento. No puede ser una decisión improvisada.

Debe garantizarse el derecho a defensa, a presentar descargos y a solicitar reconsideración", señala. En la práctica, agrega, muchos conflictos terminan escalando por errores en la forma en que se aplican estas medidas. "Uno de los problemas más frecuentes es la falta de fundamentación o no haber agotado instancias previas cuando correspondía.

Ahí es donde se generan controversias legales". Además, advierte sobre un punto especialmente sensible: "Cuando hay estudiantes con necesidades educativas especiales, el establecimiento está obligado a implementar apoyos. No puede simplemente expulsar sin haber intentado otras medidas".

REINSERCIÓN DESPUÉS DE LA EXPULSIÓN La expulsión de un estudiante suele marcar un quiebre en su trayectoria escolar, ya que el mayor problema muchas veces comienza después: qué ocurre con esos niños y adolescentes una vez que quedan fuera de sus establecimientos educacionales. La normativa chilena establece que ningún alumno debe perder su derecho a la educación y que el Estado debe garantizar su continuidad escolar, distintos informes oficiales advierten que la reinserción sigue siendo uno de los puntos más débiles del sistema. En paralelo, la Superintendencia de Educación traza márgenes claros para aquellos que hayan sido sancionados siendo relegados de los establecimientos educacionales.

CONTEXTOS VULNERABLES Los antecedentes muestran un patrón claro: las sanciones se concentran principalmente en establecimientos con altos índices de vulnerabilidad social. Según la Superintendencia de Educación, en 2024 el 63,4% de las expulsiones y el 53,1% de las cancelaciones de matrícula ocurrieron en establecimientos donde más del 60% de los estudiantes son prioritarios. A esto se suma otro dato relevante: más del 75% de los estudiantes sancionados son hombres, principalmente de enseñanza media, con bajo rendimiento académico, baja asistencia y trayectorias educativas marcadas por múltiples dificultades.

La agresión física a otros estudiantes aparece como la causal más frecuente, representando el 45,7% de las expulsiones y el 31,2% de las cancelaciones de matrícula durante 2024. ¿QUÉ OCURRE DESPUÉS DE LA EXPULSIÓN? Uno de los principales cuestionamientos apunta precisamente a lo que sucede tras la salida del estudiante del establecimiento.

La Superintendencia de Educación explicó a Diario La Tribuna que, una vez aplicada una expulsión o cancelación de matrícula, los colegios con financiamiento estatal están obligados a informar el caso a la entidad fiscalizadora y entregar todos los antecedentes correspondientes. Además, la normativa exige que el establecimiento haya aplicado previamente medidas de apoyo pedagógico o psicosocial antes de llegar a una sanción extrema, salvo en casos graves contemplados en la Ley Aula Segura. La Superintendencia agregó que el Ministerio de Educación, a través de las seremis y departamentos provinciales, es el encargado de gestionar la reubicación de los estudiantes en otros establecimientos para resguardar su continuidad educativa.

Sin embargo, diversos informes muestran que la reinserción no siempre logra concretarse de manera efectiva. EL RIESGO DE DESAPARECER DEL SISTEMA La Defensoría de la Niñez ya había advertido que un 12% de los estudiantes expulsados entre 2018 y 2022 no volvió a matricularse en el sistema escolar durante 2023. El análisis longitudinal de la Superintendencia de Educación profundiza aún más esa alerta: a los 20 años, entre un 20% y un 27% de los estudiantes expulsados termina excluido del sistema escolar, frente a menos del 10% observado en la población general.

La situación evidencia que las sanciones tienen efectos que van mucho más allá del conflicto puntual que originó la medida disciplinaria. El defensor de la Niñez, Anuar Quesille, advirtió que "cuando el sistema educativo expulsa a un adolescente sin ofrecer alternativas reales de acompañamiento, no solo se interrumpe su aprendizaje, sino que se le expone a mayores riesgos de exclusión social". Añadió además que "los datos muestran que estas medidas se concentran en determinados establecimientos y afectan principalmente a adolescentes, lo que nos obliga a reforzar la prevención, la mediación y el acompañamiento psicosocial".

REINSERCIÓN EN COLEGIO CON VULNERABILIDAD Otro fenómeno que preocupa es que muchos estudiantes expulsados terminan siendo reubicados en establecimientos con características similares o incluso más complejas que aquellas de las que provienen. Altos índices de vulnerabilidad, problemas de convivencia escolar y limitados recursos de apoyo psicosocial aparecen de manera reiterada en estos casos. En la práctica, especialistas advierten que el sistema muchas veces no resuelve el problema de fondo, sino que simplemente redistribuye a los estudiantes entre establecimientos que enfrentan dificultades similares.

PREVENCIÓN ANTES QUE EXPULSIÓN Frente a este escenario, tanto la Defensoría de la Niñez como la Superintendencia de Educación coinciden en la necesidad de fortalecer las estrategias preventivas dentro de las comunidades escolares. La Superintendencia de Educación señaló que permanentemente impulsa capacitaciones en convivencia escolar, prevención de conflictos y articulación intersectorial, buscando que los establecimientos cuenten con herramientas para abordar situaciones complejas antes de llegar a sanciones extremas. El objetivo, según el organismo, es avanzar hacia medidas no solo disciplinarias, sino también formativas y de acompañamiento.