Avanzar hacia una movilidad justa implica reconocer esta diversidad territorial y diseñar políticas situadas. También exige abrir espacios reales de participación, incorporando el conocimiento de quienes habitan estos territorios, incluyendo a niños, jóvenes y personas mayores. El alza del transporte en regiones no es solo un efecto colateral del precio del petróleo.
Es un síntoma de un problema estructural más profundo: la desigualdad en la forma en que se organizan y gobiernan los territorios. Mientras no abordemos esa raíz, seguiremos enfrentando, una y otra vez, el mismo problema: que para muchos, moverse seguirá costando demasiado.