El pináculo de los sueldos lo ocupa el abogado Rodrigo Pérez Stiepovic, principal asesor legal del mandatario. Pérez dejó sus 18 años y dos meses como gerente legal de la eléctrica Colbún para irse al Segundo Piso de La Moneda. Con Kast se conocen desde el día en que el Presidente llegó a inscribir ramos en Derecho a la UC (1984).

Más allá de lo que dice el lacónico informe, es un cargo de estrechísima confianza. Sus honorarios brutos del mes fueron de $ 9 500 000, justificados por un informe de actividades que dice textualmente: “Asesoría legal al Presidente en el proceso de revisión y firma de decretos, instrucciones, promulgación de leyes y proyectos de leyes. Especialmente PdL de Reconstrucción.

Asesoría y coordinación con la Presidencia en el proceso de nombramiento de autoridades en el proceso de instalación. Especialmente coordinación nombramiento directores empresas del Estado. Asesoría a la Presidencia en temas especiales: proyectos de ley, temas con CGR, CDE y otras entidades”.

En el segundo lugar figura el ingeniero civil industrial Sebastián Torrealba del Río ($ 9 200 000 brutos), quien declaró tres frases: “Diseño de políticas de digitalización para Gobierno Digital. Evaluación de implementación de AI Agents para el Gobierno. Dirección de Equipos de Tecnología para Políticas Públicas”.

Detrás suyo está el vicealmirante (R) Alberto Soto Valenzuela ($ 7 500 000 brutos), comisionado presidencial para la Macrozona Norte y excandidato a senador. El ingeniero en armas, mención artillería y misiles; Master of Science in Operations Research, se describe como “asesor en materias de seguridad, fortalecimiento del control migratorio, combate al crimen organizado y coordinación operativa entre instituciones”. Su informe de abril tiene dos páginas en las que detalla entre cuatro y 11 tareas por cada semana, entre visitas a terreno, encuentros con autoridades, FFAA, entrevistas, “participación en expulsión de ciudadanos extranjeros” y una reunión con la embajadora de Hungría.

Suele publicar en sus redes actividades vinculadas al Plan de Fortalecimiento Fronterizo. El cuarto lugar del ránking ($ 6 990 000) lo comparten cuatro personas: el jefe de asesores del Segundo Piso, ingeniero comercial Alejandro Irarrázaval; el director de Contenidos del Segundo Piso, abogado Cristián Valenzuela; la jefa de gabinete del Presidente, abogada Catalina Ugarte, y el abogado Francisco Riveros Cantuarias. El informe de este último describe un rol crucial en el proceso de auditorías al Gobierno anterior, que se entiende ocuparía pasajes del mensaje en la Cuenta Pública del 1 de junio.

Declara que en abril “se continuó con la implementación, coordinación y ejecución del proyecto ‘Inspección Total’, orientado al levantamiento, consolidación y análisis de información de la administración central del Estado, con foco en el control del uso de los recursos públicos y la detección de riesgos”. Detalla que realizó la coordinación del cierre “de la primera carga masiva de información por parte de ministerios, subsecretarías y servicios”, “revisión y priorización de primeras alertas y hallazgos derivados del cruce de información”, “apoyo en la definición de líneas de investigación y eventuales derivaciones institucionales (Contraloría, CDE, entre otros)”, además de sesiones del Comité Estratégico de Auditoría creado por este Gobierno, entre varias otras. Riveros especifica “Resultados” del período declarado: “Recepción y consolidación de la primera base de datos nacional de la administración central del Estado.

Generación de primeras alertas relevantes a partir del análisis de información. Instalación de un sistema operativo de análisis y priorización de riesgos a nivel país. Avance en la integración de informa”...

y en esa sílaba se corta el archivo. Irarrázaval rindió informe por “participar de reuniones de trabajo con contrapartes técnicas ministeriales durante abril 2026”, asesorar “en materia de seguimiento de compromisos de distintos ministerios y reparticiones públicas” y “prestar apoyo para el reporte de estados de avance de compromisos presidenciales a nivel nacional e internacional”. Valenzuela se identifica como “asesor, coordinador de asesores”; declara como tareas “Asesoría en la coordinación de los equipos de apoyo de la asesoría presidencial.

Participación en los Comités de Asesoría Presidencial: Comité Político, Comité Económico, Comité de Seguridad. Elaboración de minutas, discursos y material de trabajo para el Presidente y los asesores presidenciales. Participación en distintas actividades y reuniones junto al Presidente en encuentros nacionales e internacionales”.

A muy corta distancia ($ 6 900 000 brutos) están dos colaboradores estrechos de Irarrázaval: su jefe de gabinete, el ingeniero comercial Víctor Valdés, y el jefe de Políticas Públicas, ingeniero civil industrial Álvaro Bellolio. Ambos han hecho noticia porque después de asumir en Palacio siguieron como consejeros regionales metropolitanos, labor también remunerada. Igual caso que el también Core y asesor a honorarios, abogado Ignacio Dülger ($ 3 000 000 brutos), quien declara como la primera de las cuatro tareas de su informe la misma por la que muchos le adjudican responsabilidad en las 22 seremías caídas a la fecha: “Prestar asesoría en la búsqueda, selección, recopilación, análisis de antecedentes, análisis de requisitos de candidatos para la designación de secretarías regionales ministeriales, directores de servicio y otros cargos críticos”.