La Superintendencia de Educación Superior mantiene paralizado desde hace dos meses el proceso sancionatorio contra la Universidad San Sebastián (USS), justo cuando se aprestaba a definir la multa o medida correctiva por las irregularidades detectadas en la contratación de más de quince personas políticamente expuestas. Entre los nombres que aparecen en la mira del regulador figuran la exministra Marcela Cubillos, el exfiscal Manuel Guerra —actualmente en prisión preventiva en el marco del denominado Caso Hermosilla— y el senador y presidente del Partido Republicano (PR), Arturo Squella. La decisión del gobierno de José Kast de solicitar la renuncia del entonces superintendente José Miguel Salazar, en plena etapa de resolución del caso—argumentando “pérdida de confianza”— ha dejado el expediente en un limbo.

La investigación del regulador se remonta a octubre de 2024, cuando medios revelaron que Cubillos, exministra de Educación bajo el segundo mandato del expresidente Sebastián Piñera, percibía un sueldo de $17 millones brutos en la USS, y que las labores que realizaba la también exdiputada no correspondían con la magnitud de esa cifras. De hechos, se determinó que no cumplía plenamente con las funciones como docente e investigadora por las cuales era remunerada, incluso en el período en que se encontraba fuera de Chile. También se señaló que en su contratación se habría incumplido normas internas que exigen grado de magíster para académicos regulares, requisito que no posee.

. A partir de esa denuncia, la Superintendencia amplió su fiscalización y detectó una trama de contrataciones que vulneraban las normas internas de la USS para cargos directivos y académicos. Fuentes del plantel confirmaron al medio de investigación Reportea que también se investigaron los vínculos contractuales de los exministros Andrés Chadwick, Víctor Pérez, Juan José Ossa, Julio Isamit y Enrique Paris, además del actual alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, y los exsubsecretarios Arturo Zúñiga y Rodrigo Ubilla.

Todos ellos ocuparon altos cargos durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Pese a que la universidad presentó sus descargos, la salida de Salazar ocurrida a mediados de marzo —el mismo día que Reportea publicó la existencia del proceso— generó un vacío en la cúpula del organismo. La superintendenta subrogante, Daniela Poblete, se ha limitado a señalar que “el proceso está en curso, sin cierre aún”, y que debe garantizarse el debido proceso.

Indagatorias contra la USS en la Fiscalía y Contraloría Sin embargo, en paralelo avanzan dos indagatorias externas que mantienen acorralada a la USS: una en la Fiscalía Regional Occidente, por eventuales delitos penales derivados de la denuncia del diputado Daniel Manouchehri y la senadora Daniella Ciccardini, ambos del Partido Socialista, y otra en la Contraloría General de la República, que investiga el traspaso de fondos públicos a la universidad por más de $1. 479 millones mientras Cubillos era ministra de Educación. Contratación del exfiscal Guerra y pago de favores judiciales A esta compleja ecuación se suma la arista del denominado «Caso Hermosilla», donde la contratación en la USS del exfiscal Manuel Guerra—acusado por el Ministerio Público de los delitos de cohecho agravado, prevaricación administrativa y violación de secreto— es examinada como un posible pago por favores judiciales.

Según la acusación fiscal, Guerra habría recibido su puesto en la universidad para cerrar causas que afectaban al abogado Luis Hermosilla y al propio Andrés Chadwick, quien además aparece en la nómina de personas políticamente expuestas investigadas por la Superintendencia. Chadwick, al ser consultado por Reportea, dijo desconocer el informe; Julio Isamit aseguró que todos los antecedentes fueron solicitados directamente a la USS; y Juan José Ossa defendió su trabajo al frente del Centro de Políticas Públicas del plantel, afirmando que jamás recibió un sueldo fuera de lo acordado. Mientras el gobierno de Kast insiste en que la salida de Salazar fue una decisión administrativa autónoma, los plazos se dilatan sin que se vislumbre una sanción concreta contra la USS.

El expediente sancionatorio permanece bajo reserva, y ni siquiera se han hecho públicos todos los nombres de los involucrados. Con tres frentes abiertos —el regulador descabezado, la investigación penal silenciada y el escrutinio de la Contraloría—, la pregunta que flota en el ambiente es si la universidad logrará esquivar una vez más las consecuencias.