Una nueva controversia golpea al entorno del gobierno del Presidente José Antonio Kast luego de que se conocieran antecedentes sobre asesores del denominado “Segundo Piso” y altos funcionarios que continuarían percibiendo simultáneamente remuneraciones del Ejecutivo y dietas como consejeros regionales (CORE), pese a una instrucción interna que prohibía expresamente esa práctica. Según una minuta titulada “Conflicto de interés y doble sueldos en el Segundo Piso”, la actual administración habría establecido al inicio del mandato una directriz ética destinada a impedir que funcionarios del Gobierno recibieran paralelamente otras remuneraciones provenientes del Estado. El objetivo, de acuerdo con el documento, era evitar que los cargos públicos fueran percibidos como una “caja pagadora” y reforzar la responsabilidad en el uso de recursos fiscales.
Sin embargo, tras apenas dos meses de gestión, se detectó que diversos asesores y jefes de gabinete mantuvieron sus dietas como autoridades electas mientras ejercían funciones remuneradas en el Ejecutivo. Renuncias tras exposición pública El documento consigna que algunos funcionarios ya renunciaron a sus cargos municipales luego de la difusión de estos antecedentes. Entre ellos figura Catalina Ugarte, quien dejó el Concejo Municipal de Las Condes argumentando motivos laborales.
También aparece Cristóbal de la Maza, quien presentó su renuncia señalando que debía cumplir el mandato presidencial de exclusividad. Los asesores que aún mantienen doble remuneración La minuta identifica a cuatro funcionarios que continuarían percibiendo simultáneamente pagos desde el Gobierno y dietas del Consejo Regional Metropolitano. Entre ellos aparece Víctor Valdés, quien habría recibido remuneraciones que en abril alcanzaron $6,9 millones desde el Ejecutivo, además de una dieta CORE de $2,1 millones, totalizando más de $9 millones ese mes.
También figura Ignacio Dulger, con ingresos combinados entre remuneración gubernamental y dieta regional superiores a $5 millones mensuales. El listado incluye además a Álvaro Bellolio, quien habría percibido en abril cerca de $9 millones entre ambas funciones. Finalmente, se menciona a Felipe Serey, cuyos ingresos totales habrían superado los $7 millones.
Acusan irregularidades administrativas La minuta también advierte posibles incumplimientos administrativos vinculados al ejercicio de los cargos como consejeros regionales. Según el documento, los funcionarios no habrían presentado licencias médicas ni otros antecedentes que justificaran sus inasistencias a actividades y comisiones del CORE mientras desempeñaban funciones en La Moneda. El reglamento del Consejo Regional exige justificar formalmente las ausencias mediante causales legales, cometidos específicos o certificados médicos, situación que —según el texto— no habría ocurrido en estos casos.