Con profunda preocupación hemos conocido las recientes recomendaciones de eliminación de diversos programas de inversión estatal, en particular la propuesta de dar término al Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE), creado en 2014. Este programa suele presentarse como un avance técnico en materia de inclusión. Sin embargo, esa lectura omite lo fundamental: su origen es profundamente político, desde una crítica al sistema de admisión que, por décadas, confundió mérito con privilegio.

En esa historia, el nombre de Francisco Javier Gil es relevante. Desde la Universidad de Santiago de Chile, USACH, el destacado académico fue uno de los principales impulsores de una idea que planteó con claridad que el talento académico no puede medirse sin considerar el contexto social. Sus programas propedéuticos no solo abrieron oportunidades concretas, sino que instalaron un principio como base de una política pública que hoy, en su memoria, debemos defender por el bien del futuro de cientos de jóvenes que esperan por una oportunidad equitativa y real.

Y los datos lo confirman. En la última década, más de 470 mil estudiantes han participado en las acciones de preparación del programa, y el 81,1% de los estudiantes habilitados ingresa a la educación superior. Esto no es una política marginal, sino que se trata de un dispositivo que ha impactado significativamente el acceso a las universidades y ha cambiado la vida de los estudiantes y sus familias.

Por lo mismo, resulta incomprensible que este pilar de equidad a nivel nacional, sea evaluada bajo una lógica puramente contable que ignora la movilidad social. Eliminar el PACE es desconocer que el mérito no se mide solo por un puntaje estandarizado, sino por la capacidad de superar la adversidad. Esta decisión no solo despoja de oportunidades a jóvenes brillantes, sino que debilita el tejido de nuestras universidades estatales.

El punto de fondo sigue siendo el mismo que planteaba el profesor Gil: si el mérito se mide sin contexto, el sistema reproduce desigualdades; si se mide con contexto, obliga a transformar la institución. Nos honramos de haber impulsado esa diferencia y haber abierto la discusión. El caso de la Usach, con una trayectoria previa en políticas de acceso inclusivo, integró el PACE como continuidad de un modelo institucional ya orientado a la equidad y desde 2016, la universidad ha titulado a más de 400 estudiantes provenientes del programa.

Nuestro despliegue territorial alcanza a más de 20 establecimientos educacionales, consolidando una relación sostenida con comunidades escolares. A esto se suma un elemento clave: el acompañamiento. A través de unidades institucionales especializadas, la universidad ha desarrollado sistemas de apoyo académico y psicoeducativo que inciden directamente en la retención y progresión estudiantil, uno de los principales nudos críticos del sistema de educación superior.

Hoy se corre el riesgo de “recomendar” la eliminación de una política pública que favorece a la juventud, sin medir, ni asumir sus implicancias. Hacemos un llamado a rectificar este criterio. La eficiencia fiscal jamás debe lograrse a costa de los sueños de quienes más necesitan del Estado para nivelar la cancha.

No podemos permitir que el ahorro de hoy se convierta en la deserción y la frustración del mañana. Más grave aún, estos recortes parecen configurar un asedio sistemático a las universidades estatales. Al asfixiar sus programas de inclusión, se debilita la misión pública de estas instituciones, forzándolas a operar bajo estándares de mercado que ignoran su rol social.