Más aún, lo primero es la desregulación a favor de los grandes intereses económicos con el pretexto de atraer inversiones, crear empleos y conseguir un rápido crecimiento económico, algo díficil de entender, ya que en esta época de caos económico, guerras y alzas en el precio del petróleo tales objetivos se asemejan más a intentos de alcanzar lo inalcanzable. La visión que proyecta se asemeja más a un espejismo que a un plan concreto para el crecimiento económico y social. Los 43 decretos ambientales suspendidos por Kast no eran ocurrencias ideológicas del gobierno saliente.
Eran el resultado de años de estudios técnicos, consultas ciudadanas y procesos institucionales diseñados para proteger la salud de los chilenos y el patrimonio natural del país. Entre los decretos suspendidos figuraba la actualización de la norma de calidad del aire para material particulado fino (MP2,5). Este contaminante, generado principalmente por la calefacción a leña en la zona centro-sur y por fuentes industriales, es responsable de miles de muertes prematuras cada año en Chile.
Según las estadísticas oficiales, cada año se registran más de cuatro mil muertes prematuras atribuibles a la contaminación atmosférica, con un costo sanitario estimado en dos mil 300 millones de dólares anuales. La nueva norma tenía por objetivo reducir los límites máximos permitidos de MP2. 5, salvando miles de vidas y evitando costos sanitarios millonarios.
También quedó en pausa el control de la contaminación industrial mediante límites a emisiones tóxicas, en particular a las emisiones de arsénico en fundiciones de cobre y las restricciones a centrales termoeléctricas a carbón. El arsénico es un metal pesado altamente tóxico que afecta gravemente la salud de las comunidades cercanas a las fundiciones, especialmente en regiones como Valparaíso y Atacama. Las termoeléctricas a carbón, por su parte, son responsables de gran parte de las emisiones de gases de efecto invernadero del país.
La medida también frenó la protección de ecosistemas, entre ellos la protección de la Red de Salares, ecosistemas clave para la biodiversidad y para la extracción de litio. Los salares son reservorios de agua y hábitat de especies únicas como los flamencos andinos. Sin una protección adecuada, la expansión minera puede comprometer irreversiblemente estos ecosistemas.
Además, quedó sin efecto la creación de nuevos parques marinos como el de Juan Fernández, que abarca áreas que protegen una de las biodiversidades marinas más ricas del planeta. También se suspendieron los planes de conservación para especies emblemáticas como el pingüino de Humboldt, cuya población ha disminuido drásticamente en las últimas décadas y la ranita de Darwin, descubierta por Charles Darwin y actualmente en peligro crítico de extinción. Se han justificado estas decisiones con declaraciones que revelan una profunda incomprensión (o desprecio) del papel técnico que cumplen las regulaciones ambientales.
En un encuentro empresarial, el presidente Kast afirmó: “Chao guías ambientales, chao las ideologías. Si esas guías ambientales las inventa el burócrata de la zona, y si le gusta una cosa tira la guía para proteger a las arañitas. Si le gustan los pajaritos tira la guía para proteger a los pajaritos”.
Estas declaraciones no son un exabrupto aislado. Reflejan una visión de Estado que equipara la regulación ambiental con un capricho burocrático, ignorando que las guías ambientales contienen criterios técnicos esenciales para evaluar el impacto de los proyectos y diseñar medidas de mitigación y compensación. El costo económico del desmantelamiento Los gobiernos anteriores de Chile construyeron durante décadas una reputación como líder en sostenibilidad, lo que se ha traducido en ventajas económicas concretas.
Casi el 40% de la deuda chilena en circulación está asociada a metas ambientales, sociales y de gobernanza (ASG), muy por encima de cualquier otro país de la región. De acuerdo con tal política, en enero de 2026, Chile emitió 1. 500 millones de dólares en bonos con dos indicadores clave de desempeño en biodiversidad.
El objetivo 1 es que al menos el 30% del territorio nacional debería estar protegido para 2030 y el 2, que al menos el 10% de esa superficie debería estar “efectivamente gestionada” para asegurar su protección. Si el gobierno actual no cumple estos objetivos, se deberá pagar a los inversionistas un aumento en el cupón de 25 puntos básicos a partir de 2032. Esos pagos adicionales futuros equivalen a un valor presente de 13,7 millones de dólares.
Pero, sin duda, el riesgo más grave es el reputacional, dado que Chile ha construido una notoriedad muy consolidada en el mercado de bonos sostenibles. Perder esa reputación significaría que futuras emisiones de deuda tendrían tasas de interés más altas, afectando las finanzas públicas por décadas. Hasta abril de 2024, solo el 21,6% del territorio terrestre de Chile estaba protegido, muy por debajo del objetivo del 30% para 2030.
Se designaron más áreas protegidas en 2025 y comienzos de 2026, pero algunas estaban entre los 43 decretos que la nueva administración frenó. El segundo objetivo, aumentar al 10% la superficie protegida bajo gestión ambiental “efectiva”, es aún menos probable que se alcance. Actualmente ese porcentaje es cero, y el proceso para determinar sitios prioritarios bajo la nueva ley de protección de biodiversidad fue suspendido.
En la situación actual la situación se ha agravado, pues la nueva ley no podrá estar completamente operativa el próximo año. Hay un conjunto de 15 regulaciones necesarias para su plena implementación y solo una ha sido publicada. Otra cuestión preocupante es el costo de la desregulación en el litio.
Poseemos una de las mayores reservas de litio del mundo, un mineral estratégico para la transición energética global. Pero la demanda internacional no es solo por el litio, sino por el “litio verde”: aquel extraído con estándares ambientales y sociales rigurosos. La Unión Europea, por ejemplo, ha establecido requisitos de sostenibilidad para las baterías que se comercialicen en su territorio a partir de 2027.
La nueva administración debería estar informada de ello. En otras palabras, si Chile desregula el sector y permite prácticas extractivas dañinas, corre el riesgo de quedar excluido de los mercados más exigentes y lucrativos. Un informe de la CEPAL estima que el valor agregado del litio chileno podría caer hasta un 40% si no se cumplen los estándares de sostenibilidad exigidos por los mercados internacionales.
Lo que puede venir si se profundiza la desregulación Si Chile profundiza en el camino de la desregulación enfrentaremos a corto plazo un escenario con consecuencias preocupantes. En un escenario base (sin cambios adicionales), es decir si el gobierno mantiene las medidas ya anunciadas pero no profundiza, podemos esperar: incumplimiento de las metas de protección territorial comprometidas en los bonos verdes, con el consiguiente costo reputacional y financiero; mantenimiento de los actuales niveles de contaminación y sus costos sanitarios; pérdida de competitividad en el mercado del litio verde frente a países con estándares más rigurosos; y un aumento gradual de los incendios forestales por falta de inversión en prevención. Sin embargo, en un escenario de profundización (similar a lo que han hecho los socios políticos de Kast en Argentina o Ecuador) y si las medidas de desregulación se intensifican, los costos podrían ser aún mayores.
La eliminación del Servicio de Evaluación Ambiental, la reducción del presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente, o la fusión de carteras al estilo Ecuador o Bolivia generarían un escenario de riesgo extremo. En Ecuador, el presidente Noboa fusionó el Ministerio del Ambiente con el de Energía y Minas, poniendo a la autoridad ambiental bajo la órbita del sector que debe regular. La consecuencia, según organizaciones ambientalistas, es un conflicto de intereses estructural: la misma persona que impulsa un proyecto de inversión es la que aprueba su viabilidad ambiental.
En Bolivia, el presidente Paz ha contratado a los mismos asesores de Milei y de la formación franquista española Vox, y su primera medida en materia de medio ambiente fue hacer desaparecer el ministerio del medioambiente para colocarlo como una oficina subalterna en el ministerio de Planificación del Desarrollo, a cargo de un empresario agroindustrial señalado por los incendios intencionales. Si Chile sigue cualquiera de estos dos caminos, las consecuencias serían desastrosas: Pérdida total de credibilidad en los mercados financieros internacionales, exclusión de Chile de las cadenas de valor globales que exigen estándares de sostenibilidad, explosión de conflictos socioambientales en territorios indígenas y comunidades rurales, aumento exponencial de los incendios forestales y sus costos asociados y daños irreversibles a ecosistemas únicos y especies en peligro de extinción. La comunidad internacional también ha observado con preocupación estas primeras medidas de Kast.
La Unión Europea, uno de los principales socios comerciales de Chile, ha señalado que los acuerdos de libre comercio incluyen capítulos ambientales vinculantes que deben ser respetados. El Reino Unido, por su parte, ha expresado su expectativa de que Chile mantenga sus compromisos internacionales en materia de cambio climático y biodiversidad. En concreto, la crisis desatada por el gobierno con objeto que la gestión ambiental en Chile deje de ser una nueva función del Estado no se trata de una disputa ideológica entre izquierda y derecha, sino de una diferencia fundamental entre quienes entendemos que el desarrollo debe ser sostenible y quienes están dispuestos a sacrificar el patrimonio natural en nombre del crecimiento inmediato para favorecer el interés de unos pocos y no de la Nación Chilena.
Defender nuestro medioambiente no es opcional Estas primeras decisiones del presidente Kast no son un gesto aislado, sino la primera pieza de un programa de desregulación que amenaza con socavar décadas de ardua construcción institucional. Abrigamos la esperanza que reconsidere por el bien de Chile, evitando conflictos estériles. Defender nuestro medioambiente no es opcional, es una necesidad ineludible.
De igual manera, exigir en los próximos meses transparencia sobre los costos y beneficios de cada medida desrregulatoria no debería entenderse como un acto de obstrucción, sino como un ejercicio de responsabilidad ciudadana ajeno a cualquier partido político. Lo que está en juego no es solo el patrimonio natural de Chile, sino también nuestra credibilidad financiera, nuestra competitividad internacional, la salud de nuestra población y, en última instancia, el futuro de nuestros hijos y nietos.