El Partido Demócrata presentó este miércoles en la Cámara de Representantes un proyecto de ley para bloquear el fondo de US$1,7 billones creado tras el acuerdo que puso fin a la demanda del presidente Donald Trump contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS), luego de la filtración de sus declaraciones tributarias a medios de comunicación. La iniciativa, impulsada por el congresista Jamie Raskin, califica el fondo como “ilícito” y el acuerdo como “corrupto”. El texto, denominado “Ley de 2026 para Prohibir Fondos Ocultos Financiados con Recursos Públicos”, busca impedir el uso de dinero federal para financiar mecanismos de compensación vinculados a casos de supuesta “instrumentalización” de la justicia.
Según los demócratas del Comité Judicial de la Cámara Baja, la propuesta también establece fuertes restricciones para evitar que fondos públicos beneficien a involucrados en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, aliados del movimiento MAGA, altos funcionarios del gobierno o familiares del presidente y del vicepresidente JD Vance. Raskin afirmó que Trump intenta apropiarse de “casi US$1. 800 millones de los contribuyentes” para crear un fondo destinado a “agresores policiales del 6 de enero y seguidores resentidos de MAGA”.
A su juicio, se trata de “un abuso masivo de dinero público” y de una medida con “graves problemas constitucionales”. “El Congreso es el único que puede asignar fondos federales y jamás aprobó recursos para este fondo fiduciario”, sostuvo el legislador, quien llamó a frenar lo que describió como “un saqueo descarado de recursos públicos”. La propuesta modifica la normativa federal sobre el Fondo de Sentencias Judiciales y prohíbe pagos vinculados a investigaciones o procesos relacionados con el ataque al Capitolio, la presunta injerencia extranjera en las elecciones de 2016 o causas ya cerradas de manera definitiva.
Asimismo, impide acuerdos extrajudiciales que beneficien al presidente, vicepresidente, familiares directos, miembros del gabinete y altos funcionarios de la Casa Blanca. Esto, pese a que el fiscal general interino Todd Blanche aseguró esta semana que Trump y los demás demandantes solo recibirían una disculpa formal, sin compensaciones económicas. El proyecto también obliga al Departamento del Tesoro a informar al Congreso sobre acuerdos extrajudiciales superiores a US$100 mil.
En casos que superen los US$250 mil o involucren litigios inminentes, el Tesoro deberá avisar previamente al Congreso y esperar 120 días antes de desembolsar fondos. Además, la iniciativa prohíbe la creación de futuros “fondos discrecionales presidenciales” y autoriza al fiscal general a iniciar acciones civiles para recuperar recursos mal utilizados. El fondo cuestionado fue anunciado esta semana tras el cierre de la demanda presentada por Trump contra el IRS, en la que exigía US$10 mil millones por la filtración de sus declaraciones de impuestos.
El caso se originó por las acciones de Charles Littlejohn, excontratista del organismo tributario condenado por divulgar información fiscal de miles de multimillonarios estadounidenses entre 2018 y 2020. Según explicó el Departamento de Justicia, el objetivo del fondo sería crear un mecanismo para resolver reclamaciones de personas que aseguren haber sido víctimas de persecución judicial o política. La medida ya generó nuevas acciones legales.
Este miércoles, dos ex policías que defendieron el Capitolio durante los disturbios de 2021 demandaron a la administración Trump, argumentando que el uso de recursos federales para este fondo viola la Constitución de Estados Unidos.