Las universidades públicas y estatales son espacios donde convergen visiones, experiencias y saberes múltiples. Su razón de ser va mucho más allá de formar profesionales o producir conocimiento: no son empresas con giro en educación. Son, ante todo -pensando con Hannah Arendt-, comunidades ético-políticas fundadas en la pluralidad humana, donde personas libres e iguales en dignidad convergen en la acción colectiva para promover la democracia, la libertad pública y la autodeterminación de cada individuo en el marco de un espacio común.
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En su sentido más amplio, la universidad es un espacio para la construcción de ciudadanía: forma personas que, en contraposición al individualismo extremo que hoy nos aflige, desarrollen su quehacer desde la solidaridad, la reciprocidad y la mancomunidad. Estas dimensiones son, precisamente, las que garantizan la libertad humana frente al totalitarismo en sus variadas expresiones políticas, económicas, sociales y culturales. Lee también...
¿Por qué incentivamos a jóvenes de 18 años a endeudarse por estudios de rentabilidad incierta? Viernes 22 Mayo, 2026 | 12:37 En ese marco, las decisiones políticas del gobierno que conocemos día a día -orientadas a reducir el papel del Estado solidario y social y, que se expresan en recortes a programas sociales, de educación y, más recientemente, de salud, presentadas como medidas de ajuste económico- no solo debilitan la capacidad del Estado de Chile de garantizar el acceso a los derechos humanos, sino que revelan, además, una cosmovisión, un sistema de creencias que, al modo gramsciano, constituye una ideología, una visión de mundo y una forma cultural de estar en él. Esta cosmovisión responde a la idea de que la distribución de recursos es resultado natural de las interacciones entre individuos en el mercado y, que el Estado no debe interferir en la libertad individual para resolver las necesidades básicas.
Esta lógica se traduce en frases como “quien cae rápido se levanta rápido”, “a veces uno con menos recursos hace más”, “algún niño lleva un sándwich y no almuerza” o “los recortes no afectarán la atención directa de los pacientes”. Desde esta perspectiva, redistribuir la riqueza social no solo constituiría una invasión a la libertad individual, sino también una distorsión del mercado. Por ello, el Estado debe ser jibarizado, limitado al mínimo, con el menor gasto público posible.
Estimo, entonces, que los desafíos de las universidades públicas y estatales en el escenario actual no se reducen solo a la sustentabilidad económica, la producción de conocimiento o la formación de personas, sino que alcanza también al carácter ético-político con que desarrolla su quehacer. Para la universidad pública es un deber comprometerse con la formación de profesionales con sentido público, con la generación de conocimiento pertinente y con la reducción de las profundas desigualdades que atraviesan nuestro país. Son instituciones llamadas a situar como principios ordenadores los derechos humanos, la equidad, la justicia social, la inclusión, la transversalidad de género y la sostenibilidad ambiental.
Lee también... Universidades estatales advierten riesgo de ajustes fiscales Jueves 23 Abril, 2026 | 16:23 Ello implica comprender que el acceso a la educación superior debe encarnar el derecho pleno de cada persona a desplegar su autonomía moral como proyecto de vida, con independencia de sus trayectorias educativas previas. Superar las ideas capacitistas y meritocráticas propias de ideologías liberales deshumanizantes y exige reconocer la complejidad de la vida en su pluralidad, las trayectorias culturales, territoriales, de clase, de identidad, de género y muchas otras.
El desafío es profundo: Construir una visión de mundo y una forma de habitarlo, como práctica cultural, social, política y, las estrategias de acción que apunten en dirección opuesta a la que el actual gobierno pretende imponer. Esa es la pregunta que las universidades públicas no pueden eludir.