Previo a la reunión que sostienen este miércoles en La Moneda, alcaldes de oposición hicieron llegar sus inquietudes al presidente José Antonio Kast mediante una carta en la que enumeran sus principales demandas. La misiva comienza relevando la importancia de los municipios y manifestando el rechazo de los jefes comunales a que el mandatario haya acordado dos reuniones distintas con alcaldes de oposición y del oficialismo. “Históricamente en Chile el municipalismo es uno solo“, sostienen.

Lee también... Kast dice a alcaldes opositores que "las crisis no las pueden pagar los que tienen menos" Miércoles 13 Mayo, 2026 | 17:08 Tras ello, se mostraron disponibles al diálogo con el Gobierno y procedieron a enumerar sus seis principales preocupaciones en el escenario actual. Costo de la vida y rebaja de contribuciones En primer lugar, proponen “un freno al intolerable aumento del costo de la vida”, consignando cómo el alza de los combustibles ha afectado tanto a las personas como a los municipios, golpeando “de manera desigual” a distintos territorios.

“Genera un escenario crítico que profundiza las desigualdades y asfixia a los hogares”, plantean. Además, manifiestan la incertidumbre que —a su juicio— genera el proyecto de “megarreforma”, considerando los informes del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Consejo Fiscal Autónomo (CFA). En segundo lugar, alertan por la situación del Fondo Común Municipal ante la rebaja de contribuciones.

Los alcaldes son enfáticos: “La eliminación de las contribuciones para personas mayores de altos ingresos a la primera vivienda es una medida regresiva que afecta a nuestras arcas municipales”. “Eliminar este impuesto beneficia exclusivamente al 30% de mayor patrimonio, agravando una brecha de financiamiento per cápita que ya es de 7,9 veces entre comunas ricas y pobres“, señalan. Asimismo, profundizan que “las contribuciones no son un ‘arriendo”, sino el mecanismo directo que hace habitables nuestras comunas: pagan la iluminación de las calles, las ambulancias, los parques y la seguridad vecinal”.

Así, advirtieron el “impacto devastador” que, a su juicio, implicaría la medida, pues “el FCM perdería $56. 894 millones en el primer año y $140. 852 millones en el segundo”, lo que restaría autonomía a los municipios que dependen en gran parte de esos recursos.

Rechazo a modificación de la OGUC y a recortes sociales En tercer lugar, los alcaldes opositores rechazan “categóricamente la reciente propuesta de modificación a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), ya que constituye una amenaza que arrebata el control territorial a los municipios y debilita gravemente la planificación urbana comunal”. “Esta es una reforma de liberalización regulatoria del suelo que persigue la lógica de bajar costos, aumentar oferta, pero que concentra sus efectos en quienes tienen acceso a suelo ≥2. 500 m² y capacidad de desarrollar conjuntos armónicos.

Los instrumentos de planificación comunal quedan debilitados frente a la norma nacional, y se anula la contribución habilitada por la nueva Ley N° 21. 718 recientemente aprobada, que empodera a la planificación intercomunal y metropolitana para esta función”, sostienen. En cuarto lugar, expresaron su “rechazo absoluto a los recortes en programas sociales”.

Criticaron “la intención de descontinuar el Programa de Alimentación Escolar (Junaeb)” y los “ajustes inaceptables a la Pensión Garantizada Universal (PGU), el Subsidio Familiar y el Bono al Trabajo de la Mujer, junto a un drástico recorte de más de $32. 000 millones en el Ministerio de Desarrollo Social”. “Desde la gestión local y territorial, advertimos que estas medidas asfixian el quehacer municipal y abandonan a las comunidades, mermando la capacidad del Estado para responder ante exclusiones y emergencias”, apuntaron, mostrando preocupación también por un posible recorte al Fondo de Emergencia para la reconstrucción en Viña del Mar y “la inminente reducción del 14% en el programa de Atención Primaria Universal”.

Traspasos a SLEP y seguridad En quinto lugar, los alcaldes pidieron “no pausar los traspasos a los SLEP”, acusando que se está “poniendo en pausa la implementación por la vía administrativa, saltándose la vía legislativa”. “Hoy, intentar frenar o ‘pausar’ nuevos traspasos de establecimientos desde los municipios hacia los SLEP genera incertidumbre y retraso en las mejoras en términos de gestión educacional”, afirmaron, asegurando que “los SLEP han venido mostrando resultados positivos en términos de calidad educativa y gestión de recursos”. “Y, si bien, las y los alcaldes y parlamentarios han planteado la necesidad de revisar el funcionamiento del sistema, advirtiendo sobre los desafíos de vulnerabilidad, ruralidad y presión financiera que enfrentan los SLEP, su suspensión o pausa solo agudizará aún más los problemas que ya existen”, agregaron.

En sexto lugar, los jefes comunales manifestaron su preocupación en materia de seguridad. “Es el principal problema de los vecinos y vecinas, y lamentablemente no hemos visto una agenda que se haga cargo de esto”, señalaron. “Usted Presidente, no pidió un año de gracia para mostrar resultados; por el contrario, durante la campaña llevaba una cuenta regresiva para el cambio.

Hoy, ese cambio no solo no ha llegado, sino que parece más lejano que nunca”, agregaron, pidiendo que el Gobierno “presente un plan concreto para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado”. Finalmente, los alcaldes aseguraron que estarán disponibles para dialogar y “avanzar en mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas”. Sin embargo, advirtieron que “es importante que nuestra mirada sea escuchada y que las decisiones que tome el gobierno nacional no afecten los recursos municipales ni tampoco afecten los derechos sociales”.