Los hechos de violencia escolar que han marcado el último mes han abierto un intenso debate por las medidas para prevenir y sancionar este tipo de conductas. De hecho, el Gobierno envió dos proyectos de ley que buscan agravar penas para quienes cometan delitos al interior de los colegios, o establecen la revisión de mochilas, o incluso sancionan con la imposibilidad de acceder a la gratuidad en la educación superior. Otra dimensión del proyecto "Escuelas Protegidas", también pone el foco en los docentes.

El proyecto brinda a los docentes la posibilidad de "implementar medidas pedagógicas, preventivas, correctivas y disciplinarias orientadas a resguardar el normal desarrollo de la actividad educativa, el orden en la sala de clases y la adecuada convivencia escolar, promoviendo la responsabilidad del estudiante y el aprendizaje de conductas acordes a la vida escolar. Estas podrán ser inmediatas y tendrán carácter obligatorio para los estudiantes", detalla el texto socializado por el Gobierno. Sobre este punto también se expresaron rectores, profesores y el ex ministro secretario general de Gobierno, José Joaquín Brunner.

Todos abordan la necesidad de "empoderar" al docente, acción necesaria, según el diagnóstico compartido, a raíz de la pérdida de la autoridad que ha tenido con el tiempo. Esto, plantean, se convierte en una suerte de "terreno fértil" para la violencia. La autoridad del docente El viernes, en una columna en El Mercurio, José Joaquín Brunner, planteó que frente al aumento de la violencia en las escuelas chilenas, el Gobierno sugiere instalar pórticos de detección de metales, revisar las mochilas y establecer nuevas agravantes penales.

"Aunque estas medidas son comprensibles en un contexto de alarma general, muestran, una vez más, que existe un diagnóstico que confunde el desorden visible con el vacío invisible que lo origina", parte señalando. Agrega que ese vacío se denomina pérdida de la autoridad legítima del docente. "Hannah Arendt lo advirtió con claridad en su ensayo sobre la crisis de la educación, escrito en 1954 y que sigue siendo vigente.

Para Arendt, la autoridad no es simplemente poder o coacción, sino algo más sutil y exigente: la responsabilidad del adulto de guiar al recién llegado en un mundo que preexiste a ambos. El maestro no ejerce autoridad por fuerza, sino que esta surge de la responsabilidad asumida ante la sociedad y las nuevas generaciones. Cuando esa autoridad desaparece, no hay libertad, solo desorientación.

Una escuela sin jerarquías no libera, sino que abandona a sus estudiantes", destaca. "Lo que requiere la escuela chilena es devolverle al docente su papel central e insustituible. No como un educador autoritario que se impone por miedo, sino como un maestro que enseña por conocimiento, orienta por responsabilidad y establece límites porque le preocupa el futuro de sus alumnos".

José Joaquín Brunner Brunner agrega que el filósofo contemporáneo Gert Biesta ha analizado este argumento desde una perspectiva distinta. "En las últimas décadas, sostiene, ha ocurrido una silenciosa, pero destructiva transformación en la educación, que podemos llamar una 'aprendizaje-ización': el docente pasa a ser un facilitador, el estudiante se convierte en un cliente autónomo y la acción de enseñar —ese acto de transmitir algo del mundo a alguien que aún no lo conoce— desaparece del escenario. Una escuela sin profesores que enseñen no es más libre; es una institución que ha renunciado a su función".

"Estos diagnósticos señalan problemas que las leyes de convivencia y los mecanismos de seguridad no pueden resolver. En las últimas dos décadas, el sistema escolar chileno ha promovido una visión igualitarista que desconfía de las jerarquías, elimina las diferencias de rol y considera autoritaria a la autoridad docente. Esto ha llevado a la progresiva deslegitimación del profesor: una figura sin peso simbólico, sin respaldo institucional y sin la capacidad de establecer límites que los alumnos perciban como propios", subraya.

Agrega que "sin autoridad legítima, no se logra una disciplina internalizada; sin ella, no existe una comunidad escolar y, sin esa comunidad, la violencia ocupa el espacio. Los pórticos detectan el metal; no el vacío". "Lo que requiere la escuela chilena es devolverle al docente su papel central e insustituible.

No como un educador autoritario que se impone por miedo, sino como un maestro que enseña por conocimiento, orienta por responsabilidad y establece límites porque le preocupa el futuro de sus alumnos. Esa autoridad no se otorga por ley ni se logra con cámaras de vigilancia. Se construye mediante la formación, el reconocimiento social, condiciones laborales dignas y una cultura escolar que vuelva a situar la enseñanza —y el aprendizaje que de ella surge— en el núcleo de todo", cerró.

¿Y la autoridad del profesor? El domingo, en una carta en el citado medio, Ignacio Serrano del Pozo, de la Escuela de Educación y Humanidades UNAB, plantea que "en una lúcida columna, José Joaquín Brunner sostiene que buena parte de la violencia escolar se explica por la pérdida de autoridad docente. Pero la pregunta de fondo es otra: ¿quién le quitó esa autoridad al profesor?

". "Una parte importante de la responsabilidad recae en el Estado que, a través de sus organismos de supervisión, ha inhibido la acción docente y la ha sustituido por protocolos normativos y mecanismos legales de intervención", señala. Agrega que "la otra recae en la expansión de psicólogos dentro de la escuela, que han desplazado el juicio del profesor para cederlo al experto.

Así, donde antes había criterio pedagógico, hoy solo hay protocolos y derivación". "Escuelas de papel" En otra carta, Sebastián Gómez Campos, rector del Colegio Mariano de Schonestatt, también aborda la necesidad de cuidar a los docentes y resguardar su autoridad. En su texto, Gómez parte señalando que "en la escuela de hoy, paradójicamente, el niño ha desaparecido.

No de forma abrupta, sino entre protocolos, registros y evidencias. Todo cuidadosamente documentado, salvo lo esencial: la experiencia viva y real de los estudiantes. Mientras más intentamos protocolizar cada aspecto de la vida escolar, menos vida parece quedar en ella.

En ese afán por normarlo todo, hemos logrado algo triste: hacer inviable lo humano". El rector sostiene que los recientes hechos de violencia en contextos escolares no pueden leerse al margen de esta realidad. "Cuando el vínculo pierde espacio frente a la lógica del procedimiento, y cuando la escuela se ve agobiada por tareas administrativas que consumen tiempo y energía, su capacidad de anticipar, contener y cuidar se debilita; y en ese vacío, la violencia encuentra un terreno fértil".

"Detectores de metales y tecnologías pueden atender la urgencia, pero no el problema de fondo. Al mismo tiempo, los equipos directivos, principales llamados a generar condiciones para el aprendizaje, se ven obligados a destinar la mayor parte de su tiempo a sostener la arquitectura administrativa del sistema, alejados del patio y la sala, justo donde esa presencia resulta insustituible", remarca. Según explicita, lo humano ocurre en el vínculo, el que hace que el niño vuelva a aparecer, y es sostenido por docentes y equipos de apoyo.

"Sin embargo, si su autoridad se relativiza, si su palabra se pone en duda sistemáticamente y si el trato que reciben carece del respeto mínimo, ¿qué espacio real queda para educar y acompañar? ", inquiere. "En este escenario, las medidas sancionatorias que hoy se proponen pueden colaborar, pero por sí solas resultan insuficientes.

La autoridad docente no se decreta ni se impone únicamente desde la sanción: se construye con respaldo institucional, con criterios claros y, sobre todo, con adultos presentes. Los directores necesitan herramientas concretas para fortalecerla: tiempo, presencia y capacidad real de acción, no más papeleo que los aleje de donde esa autoridad se ejerce y se legitima: en la sala, en el patio y en el vínculo", subraya. Con todo, destaca que "cuidar a los docentes, resguardar su autoridad y lograr estar verdaderamente presentes donde la educación se hace concreta no es solo una consigna: es una condición básica para que las comunidades educativas sean espacios en los que vuelvan a aparecer los niños y jóvenes".