Casi desapercibido ha pasado, el hecho que la implementación del Registro Social de Hogares ha cumplido diez años. Un momento apropiado para realizar una evaluación y reflexionar sobre el impacto que este instrumento ha generado en la focalización de las políticas públicas. Lo que se buscaba era pasar de un sistema más rígido y menos desconectado de la realidad de los hogares a uno que incorpore e integre información y que mejore la forma en que el Estado llegue con sus apoyos.
En estos diez años Chile ha pasado por situaciones difíciles como una pandemia, periodos de estrechez fiscal, ha cambiado la tasa de natalidad, ha aumentado la población adulto mayor y los hogares se están volviendo más pequeños y más solos. A ello se suman transformaciones relevantes que también han tensionado la política social; una mayor población migrante, más visibilidad a las personas en situación de calle, y un mercado laboral en el que la informalidad y la inestabilidad de ingresos se ha vuelto más frecuente. Todo esto hace que la tarea de medir y comprender la vulnerabilidad social sea más compleja que hace una década.
El desafío hacia adelante es seguir fortaleciendo esta herramienta sin perder su propósito central. El Registro Social de hogares ha sido clave para mejorar la focalización del gasto público, y eso es algo que debemos valorar. Pero también hay desafíos, como lo son el poder ajustar el instrumento a los cambios que vivimos hoy, para que pueda reflejar mejor la realidad social y permitir decisiones más justas y más efectivas.
En el fondo no es un desafío menor: si el país cambia, la política social también tiene que cambiar. La verdadera tarea es lograr que los instrumentos no se queden atrás de la realidad, sino que avancen con ella para que el Estado siga llegando cada vez mejor a quienes más lo necesitan.