El debate sobre cómo enfrentar la violencia escolar sumó un nuevo capítulo. El diputado por la Región de Coquimbo, Marco Antonio Sulantay, valoró que el Gobierno incorporara una propuesta que él venía impulsando: prohibir el acceso a la gratuidad en la educación superior a estudiantes condenados por hechos violentos. Proyecto “escuelas protegidas” La medida será parte del proyecto denominado “escuelas protegidas”, que el Ejecutivo ingresará al Congreso con discusión inmediata.
La iniciativa contempla una inhabilidad de cinco años para quienes sean condenados por delitos graves, incluyendo aquellos contra personas, propiedad o infraestructura pública. El parlamentario, militante de la Unión Demócrata Independiente, sostuvo que la medida responde a un criterio de justicia en el uso de recursos públicos: “Es de todo sentido común que los estudiantes secundarios que se dedican a cometer actos vandálicos no puedan acceder a la gratuidad (... ) debe destinarse a quienes realmente lo necesitan”.
Enfoque en responsabilidad y sanción La propuesta no solo apunta a la gratuidad, sino también a otros beneficios financiados por el Estado. Según Sulantay, el objetivo es establecer consecuencias claras frente a conductas graves dentro del sistema escolar. En esa línea, el proyecto contempla una excepción para menores de edad sancionados bajo la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, permitiendo que los tribunales puedan dejar sin efecto la inhabilidad si se acredita un proceso efectivo de reinserción social.
Contexto: aumento de la violencia escolar El respaldo del diputado se enmarca en el aumento de episodios de violencia en establecimientos educacionales a nivel nacional, lo que ha impulsado al Gobierno a presentar una batería de medidas para fortalecer la convivencia escolar. Sulantay insistió en que la educación debe ser un entorno seguro: “La educación debe ser un espacio de respeto y formación, que no puede verse amenazado por conductas que atenten contra la convivencia escolar”. Señal política y debate abierto La iniciativa abre un debate relevante en políticas públicas: el equilibrio entre derechos sociales y sanciones frente a conductas delictivas, especialmente en jóvenes.
Mientras el proyecto avanza en el Congreso, se anticipa discusión entre sectores que podrían cuestionar el alcance de la medida y su impacto en la reinserción educativa. 5 claves para entender la propuesta Inhabilidad de 5 años para acceder a gratuidad. Aplica a condenados por delitos graves.
Incluye proyecto “escuelas protegidas”. Considera excepción por reinserción en menores. Busca enfrentar la violencia escolar a nivel país.