"(... ) En un marco legislativo donde hay tanto en juego, donde hay un proyecto de ley grande e importante, las actitudes políticas están más crispadas, un poco más extremas de lo que están en un contexto normal". Kenneth Búnker, analista político USS "Ahora, en particular, dentro de ese contexto, y en un marco legislativo donde hay tanto en juego, donde hay un proyecto de ley grande e importante, las actitudes políticas están más crispadas, un poco más extremas de lo que están en un contexto normal", diagnosticó.

Por su parte, Aldo Cassinelli, director de la escuela de Gobierno de la Universidad Autónoma, subraya que casos como el ataque a la ministra Lincolao en un entorno académico, o las agresiones sufridas por parlamentarios en terreno, "evidencian una agitación que ha radicalizado las posturas durante el último tiempo". "El riesgo latente es que se continúen relativizando estos actos, lo que termina por anular la capacidad de los distintos sectores para ejercer su representación mediante el diálogo, trasladando la actividad política hacia el terreno de la disputa física y la coacción", enfatiza. Eso sí, en línea con Búnker, Cassinelli pone el acento en que estos hechos, "parecen pertenecer a un micromundo político relativamente acotado, distinto de la dinámica cotidiana de la sociedad civil.

En este espacio específico se exacerban las posiciones hasta llegar a la agresión física o digital, especialmente en redes sociales, donde el anonimato brinda un refugio que facilita el ejercicio de la violencia sin responsabilidades claras". "Lógica de cancelación" Para Búnker, este tipo de actos de agresiones se relaciona con estrategias políticas que obedecen a dinámicas como "exagerar o exasperar distintos hechos, con fines de llamar la atención sobre el extremismo que representan el otro sector. Entonces, uno ve tanto las agresiones de las personas que están alineadas con el gobierno, y lo mismo se ve con personas que están en los partidos más extremos de la oposición".

Casinelli coincide en que la exacerbación de posturas políticas por parte de ciertos sectores que rechazan el diálogo busca, fundamentalmente, neutralizar al adversario bajo una lógica de cancelación. "Este fenómeno intenta anular la capacidad del otro para exponer sus planteamientos, una tendencia que se ha manifestado con fuerza no solo en Chile, sino en diversas partes del mundo", sostiene. Con todo, advierte que "resulta sumamente riesgoso que las dirigencias políticas, cuya misión es ampliar y conducir la discusión pública, terminen limitando la libre expresión de los distintos actores.

Cuando esta dinámica de exclusión se radicaliza, inevitablemente deriva en violencia física, convirtiéndose en el escenario más complejo de gestionar para cualquier sociedad democrática". "Resulta fundamental que el sistema político no solo contenga estas conductas, sino que las condene con una fuerza tal que impida que la violencia logre su objetivo principal: condicionar las decisiones y conductas de los actores públicos. Permitir que estas dinámicas de cancelación penetren en la política chilena significaría aceptar que la fuerza reemplace al pensamiento, una deriva que ya se ha visto en otras latitudes y que no debe permitirse en el debate nacional", zanjó.