La nueva ley de donaciones ha sido presentada como un avance en la simplificación y ordenamiento del sistema. La existencia de reglas más claras y un marco normativo menos fragmentado contribuye a reducir barreras formales que, durante años, dificultaron canalizar aportes de manera eficiente. Sin embargo, la evaluación de estas reformas no puede limitarse a su dimensión operativa.

El punto central se encuentra en el diseño de los incentivos y en los efectos que estos producen en la estructura del sistema. Los beneficios tributarios asociados a las donaciones no operan en condiciones neutras. Su impacto depende de la capacidad de los contribuyentes para utilizarlos de manera estratégica, lo que introduce una diferencia relevante entre quienes cuentan con asesoría especializada o márgenes de planificación y aquellos que simplemente cumplen sus obligaciones sin capacidad de optimización.

En la práctica, el acceso al beneficio no es homogéneo, aun cuando la norma sea formalmente igual. Esta diferencia tiene implicancias que trascienden lo tributario. Cuando el sistema incentiva la donación mediante mecanismos fiscales, también configura (de manera indirecta) un esquema de asignación de recursos en el que ciertas decisiones dejan de ser exclusivamente públicas.

La priorización de proyectos o instituciones comienza a depender, en parte, de quienes pueden aprovechar mejor esos incentivos, lo que introduce un criterio de selección que no necesariamente responde a prioridades públicas. Desde esta perspectiva, el sistema no solo promueve la solidaridad, sino que también distribuye poder de decisión. Y esa distribución no es neutra.

Se encuentra condicionada por la capacidad económica de los contribuyentes, lo que puede derivar en una concentración del impacto de las donaciones en determinados sectores o territorios, reproduciendo brechas preexistentes. A ello se suma un elemento adicional. El fortalecimiento de los estándares de transparencia y cumplimiento, necesarios para resguardar el uso adecuado de los recursos, también eleva las exigencias de acceso.

Si bien estas condiciones fortalecen la confianza, pueden dificultar la participación de organizaciones con menor capacidad administrativa, reduciendo la diversidad del sistema. En consecuencia, el sistema enfrenta una tensión evidente. Requiere incentivos para aumentar el volumen de donaciones, pero también debe evitar que esos mismos incentivos, combinados con mayores exigencias regulatorias, terminen concentrando sus beneficios en un grupo acotado de actores.

La discusión no debería centrarse únicamente en si la ley facilita la donación. El punto relevante es si el diseño permite una distribución equitativa del beneficio y si contribuye a ampliar la base de participación. Un sistema de donaciones no solo moviliza recursos.

También define quiénes participan y bajo qué condiciones. En ese marco, su legitimidad dependerá de que los incentivos no reproduzcan las mismas desigualdades que buscan mitigar.