La querella presentada por Las Tórtolas El documento hace un relato cronológico de lo ocurrido el 12 de mayo de 2024 en el recinto. De esa forma, en los primeros párrafos se centra en el "daño cognitivo" de María Elcira, situación que no ha sido reconocida completamente por la familia: "Por esta razón, la señora María Ercira no concurrió por sí misma al restorán del Fundo Las Tórtolas, sino que lo hizo asistida por su hijo, Maximiliano Hernández Contreras y por su nuera, Myriam Ramírez Henríquez". Igualmente, señalaron que la familia se percató después de varios minutos de la ausencia de la mujer, quien había ido al baño alrededor de las 15:09 y a las 15:22 horas se captó por primera vez a los familiares buscándola al interior del restaurante.

También se adjuntaron varios de los mensajes que recibió la nieta de la adulta mayor: "Ellos, los jefes, me pidieron deshacerme de las imágenes de cámaras del 12". El sujeto afirmó que a María la llevaron secuestrada al sur, que la PDI estaría involucrada y que participaron dos sujetos venezolanos. "No confío (en nadie) estamos (amenazados) de muerte y tú también con tu familia (,) Andreas contrat(ó) dos sicarios venezolanos para que a ustedes los mantengan alejados en caso de que vuelvan a insistir", aseguró en los mensajes, detalla La Tercera.

Sin embargo, los textos eran falsos. El sujeto decía estar en Limache, pero se encontraba en la comuna de San José de Mariquina, en la Región de Los Lagos. Más tarde reconoció ante la Policía de Investigaciones que había estado en Limache.

Otro de los puntos controvertidos del caso es el supuesto ocultamiento de los registros de cámara de seguridad, lo que fue rechazado en la querella. Además, explicaron que el borrado de las imágenes se hace por programación temporal cada siete días. "Como hemos señalado, los registros de video de las cámaras de seguridad del Fundo Las Tórtolas se respaldan transitoriamente en un dispositivo de almacenamiento DVR, configurado para sobrescribir los archivos transcurridos siete días de antigüedad.

El mismo día de la desaparición de doña María Elcira Contreras se entregó parte de esos videos, en la extensión que fueron requeridos, a su familia, que luego los aportó a la investigación", señalan en el texto. Buscan el sobreseimiento de Kleinert El abogado de Kleinert, Lisandro Godoy, señaló a dicho medio que pasaron a una ofensiva porque la falsa información perjudicó a sus representados: "Donde todos vimos una tragedia, él vio una oportunidad de negocios. Se hizo pasar por un trabajador del fundo, llamó a la nieta de doña María Elcira para decirle que su abuela estaba secuestrada en Puerto Montt y que mis representados serían los gestores de este secuestro".

"Esta acción no es solo una defensa, es también una forma de poner un estándar mínimo de responsabilidad en un caso donde se ha especulado demasiado, afectando el curso de la investigación y dañando a tanto a la familia de la señora María Elcira como también a la familia Kleinert", aseguró. Godoy aseveró que "nuestra prioridad es el establecimiento de la verdad y seguir colaborando con la investigación en todo lo que esté a nuestro alcance. Y luego, en el momento oportuno, pedir las declaraciones formales de sobreseimiento respecto de nuestra representada".

Por su parte, el abogado de la familia Juan Carlos Manríquez valoró que la acción penal busque dar con la verdad con el fin de descartar si se trató de "una maniobra obstructiva, distractiva, de ocultamiento o de mero aprovechamiento enfermizo". Sin embargo, planteó que los dueños del fundo pongan a disposición el terreno y no esperen órdenes judiciales para que la Fiscalía pueda realizar diligencias investigativas: "Eso sería un paso relevante de demostración de voluntad real de cooperación".