Estados Unidos presentó cargos por narcotráfico y delitos vinculados con armas contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios del estado, a quienes acusa de colaborar con el Cártel de Sinaloa y facilitar el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense. Entre los acusados figuran además el fiscal adjunto de la Fiscalía General de Sinaloa, Dámaso Castro, y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, junto a siete exautoridades de seguridad y gobierno estatal. Según la acusación, los diez implicados habrían integrado una red de corrupción y narcotráfico para facilitar el envío de grandes volúmenes de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a Estados Unidos, utilizando sus cargos para proteger operaciones del cartel y obstruir investigaciones.
La acusación sostiene que los imputados habrían entregado información confidencial a organizaciones criminales, ordenado protección a cargamentos de droga y permitido acciones violentas ligadas al narcotráfico, a cambio de recibir sobornos por millones de dólares. Los acusados enfrentan penas que van desde 40 años de prisión hasta cadena perpetua en caso de ser condenados. Rocha Moya rechazó las imputaciones, afirmando que “carecen de veracidad y fundamento alguno”, y sostuvo que se trata de un ataque contra su administración y el proyecto político oficialista.
En paralelo, la Cancillería mexicana confirmó que recibió solicitudes de extradición desde Washington y que fueron remitidas a la Fiscalía para evaluación. Sin embargo, indicó que la documentación entregada no contiene elementos probatorios suficientes para determinar la responsabilidad penal de las personas señaladas. El caso se produce en medio de crecientes tensiones bilaterales en materia de seguridad y combate al narcotráfico, en un contexto regional marcado por conflictos y alta presión geopolítica, incluido el escenario en Medio Oriente.