Hoy nuestro país carece de un marco legal que articule la planificación territorial de sus zonas costeras considerando los procesos ecológicos, los riesgos naturales y el cambio climático. En lugar de ello, las decisiones se toman de forma fragmentada entre distintas instituciones, con normas sectoriales que muchas veces entran en contradicción. La consecuencia es que seguimos reaccionando caso a caso, socavón tras socavón, edificio tras edificio.
Una Ley de Costas permitiría avanzar hacia una gestión integrada del litoral, estableciendo criterios claros para proteger ecosistemas vulnerables como dunas, playas y humedales, y evitando que proyectos de alto riesgo sigan emplazándose en zonas naturalmente inestables. Chile tiene más de 6. 400 kilómetros de costa.
Es uno de nuestros principales patrimonios naturales, culturales y económicos, pero también es un territorio expuesto a amenazas naturales que requieren planificación y prudencia. La pregunta que deja la decisión del Comité de Ministros es simple: ¿seguiremos ignorando la evidencia científica hasta que el próximo socavón nos recuerde, una vez más, que la naturaleza tiene límites?