El concejal de Punta Arenas, Jonathan Cárcamo Gómez, manifestó su preocupación por las deficiencias del sistema de cobro de estacionamientos en las calles concesionadas por la municipalidad. “Especialmente, dijo, tras el envío de listas de morosos a los Juzgados de Policía Local”. Advirtió que la sobrecarga de los trabajadores “degrada directamente la calidad del servicio”, generando retrasos en el cobro y errores en los registros.

En esa línea, cuestionó la confiabilidad de las deudas que están siendo judicializadas, señalando que podrían existir “multas fantasmas” derivadas de fallas en terreno. Asimismo, Cárcamo criticó que el uso del código QR se esté transformando en una barrera más que en una solución, especialmente cuando no hay presencia de operarios. “La tecnología no puede ser una excusa para reducir personal en las calles”, afirmó.

Además, apuntó a una falta de fiscalización municipal sobre la empresa concesionaria, acusando que hoy existe una mayor preocupación por la recaudación que por el correcto funcionamiento del servicio. Sobrecarga Trabajadores del sistema de estacionamientos regulados en Punta Arenas advierten una serie de problemas operativos que estarían afectando tanto a usuarios como a los propios tarjeteros. Uno de ellos, que pidió resguardar su identidad, señaló que actualmente hay casos en que un solo operario debe cubrir hasta tres e, incluso, cuatro cuadras, lo que dificulta el control adecuado de los vehículos.

“Una persona por cuadra sería lo ideal, pero hay sectores donde no alcanza”, explicó, agregando que esta situación provoca que conductores no encuentren a quién pagarle, generando deudas acumuladas o pérdidas económicas para los trabajadores, quienes dependen de comisiones por venta. El servicio es operado por la empresa concesionaria Perera y Contreras Limitada, que comenzó a funcionar en las calles de Punta Arenas en septiembre de 2024. El mismo operador apuntó también a irregularidades en el uso del sistema de pago mediante código QR, asegurando que cerca de un 30% de los usuarios haría un uso inadecuado de esta herramienta, extendiendo su tiempo de estacionamiento más allá de lo cancelado inicialmente.

Esto, indicó, impacta directamente en sus ingresos. A ello se suman conflictos con conductores que evitan el pago o reclaman cobros, estimados entre un 5% y 10% de los casos diarios.