Bajo esta lógica se comprende el planteamiento del Ministro de Defensa Nacional, Fernando Barros Tocornal, orientado a un desescalamiento gradual del empleo de las Fuerzas Armadas en la macrozona sur. Esta decisión se sustenta en una premisa fundamental: el control del orden público no forma parte del núcleo de competencias permanentes del instrumento militar, y su prolongación en estas tareas erosiona su preparación para escenarios de mayor exigencia estratégica. El desescalamiento propuesto no implica una renuncia a la seguridad, sino una transición hacia su institucionalidad natural, fortaleciendo las capacidades de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, a fin de restablecer la normalidad funcional del sistema de seguridad pública.
Asimismo, esta gradualidad se encuentra condicionada a la evolución de las condiciones de seguridad en las zonas afectadas, tanto en la macrozona sur como en la frontera norte. Lo anterior, no obstante, encuentra un matiz no menor, y tiene que ver con el aporte que, tal como lo realizan la Armada en el mar territorial y patrimonial y la Fuerza Aérea en el espacio aéreo soberano, debiera realizar el Ejército en el ámbito de la protección de fronteras terrestres. Somos un país que debe aprovechar al máximo sus capacidades y, por lo mismo, es posible encontrar formas en las cuales, sin abandonar las etapas de instrucción y entrenamiento, se asignen medios militares en forma rotativa para que participen en el cuidado y protección de estas fronteras.
En definitiva, la medida busca restituir el equilibrio entre las necesidades inmediatas de seguridad interna y la preservación de la capacidad estratégica del Estado, permitiendo que las Fuerzas Armadas retornen progresivamente a sus funciones propias de entrenamiento, preparación y defensa, asegurando así el cumplimiento eficaz de su rol principal en la protección de la soberanía nacional. Por último, desde la perspectiva política, el regreso a la normalidad constitucional en esta materia será el hecho sobre el cual se medirá el éxito del Gobierno al término de su administración.