Este no es un caso aislado ni una discusión técnica menor. Es un problema extendido en municipalidades de todo Chile y afecta justamente a quienes están en la primera línea de la gestión local. Lo que tenemos, en la práctica, es una legislación que quedó atrás.
Durante años, muchos municipios resolvieron esto pagando promedios de horas extraordinarias. No era un abuso, era sentido común aplicado a trabajos que no funcionan con lógica de oficina. Hoy eso se acabó.
Y el efecto es inmediato en el bolsillo de quienes hacen el trabajo más duro. Aquí no hay que inventar nada raro ni forzar la norma. Lo que hay que hacer es actualizarla.
Si el Estado reconoce que hay funciones permanentes en régimen de turnos, entonces tiene que reconocer también que sus ingresos no son completamente fijos. Y que, en consecuencia, no pueden desaparecer justo cuando alguien se enferma o descansa. Lo contrario es decir una cosa y hacer otra.
Queremos más seguridad, pero debilitamos a quienes la sostienen. Exigimos presencia en la calle, pero castigamos las condiciones en que esa presencia ocurre. Así no funciona ningún sistema serio.
Esto no se trata de pagar por trabajo no realizado. Se trata de no diseñar reglas que terminen castigando a quienes cumplen funciones esenciales. Porque cuando el Estado empieza a desconectarse de la realidad, deja de ser parte de la solución y pasa a ser parte del problema.
Y eso, más temprano que tarde, se paga. En este caso con más encerronas, con más delincuencia y con un sin número de incivilidades y delitos que muchos municipios, nos esforzamos por reducir y erradicar.