La promulgación de la Ley de Convivencia Escolar se produce en medio de un escenario marcado por el aumento de conflictos y violencia en los establecimientos educacionales, una situación que desde el Colegio de Profesores califican como el resultado de una crisis arrastrada por años. En conversación con El Magallanes, el presidente del gremio, Mario Aguilar Arévalo, valoró que la normativa incorpore herramientas, pero advirtió que el foco del debate público se ha desviado hacia medidas que no abordan el problema de fondo. “La Ley de Convivencia Escolar se demoró bastante.

Respecto a eso, yo lamento que sólo vea la parte de los pórticos, porque es muchísimo más que eso. Esta ley tiene aspectos que tienen que ver con lo preventivo, con la defensa de las víctimas, con responsabilidad de los sostenedores, con el fortalecimiento de los equipos de convivencia escolar”, señaló. En esa línea, cuestionó que la discusión se centre en medidas como la instalación de pórticos o la revisión de mochilas.

“No nos oponemos a los pórticos, si hay alguna comunidad que así lo considere necesario, porque les va a dar alivio, o los va a tranquilizar frente a situaciones que ellos sientan que puedan ser amenazantes, que lo adopten, pero no es el fondo del problema”, afirmó. No es una solución de fondo A su juicio, “eso va a ser un paliativo, no va a ser una solución del fondo del problema”, insistiendo en que el énfasis mediático ha generado una comprensión errónea del alcance de la normativa. El dirigente sostuvo que el problema de la convivencia escolar no es reciente y que su agravamiento fue advertido con anterioridad por el Magisterio.

“El Estado llega tardísimo. Esto ya lleva muchos años escalando y cada vez hicimos las denuncias, de cada una de las situaciones y además entregamos propuestas”, indicó, señalando que la ley surge en parte como respuesta a hechos críticos que impactaron al sistema educativo. Desde esa perspectiva, Mario Aguilar insistió en que el eje central sigue sin ser abordado.

“Este es un medio paliativo, una medida más bien comunicacional, pero no se está yendo al fondo el asunto que desde nuestro punto de vista es el tema de salud mental. El principal problema que tiene que abordarse, que no se está abordando, y no ha habido ningún anuncio respecto es la salud mental que tiene la sociedad chilena, pero que se expresa muy fuertemente en los colegios hoy en día”, afirmó. Un rol que no corresponde El análisis del dirigente también apuntó a las condiciones en que los docentes enfrentan este escenario.

Frente a la posibilidad de que se les asignen nuevas responsabilidades vinculadas a control o seguridad, fue categórico en descartar que exista protección o preparación suficiente. En ese sentido, enfatizó que “no nos corresponde ese papel. No estamos preparados, no es nuestro rol, ni es nuestra formación”, cuestionando la falta de claridad sobre quién asumiría esas funciones.

“Entonces, ¿quién va a hacer eso? ¿Quién va a revisar? ¿Cuál va a ser la manera en que se va a enfrentar si alguien está entrando armas, por ejemplo, al colegio?

”, planteó, evidenciando vacíos en la implementación de las medidas propuestas. A esto se suma la incertidumbre respecto del financiamiento. “Tampoco se explica quién va a financiar estos pórticos, por ejemplo, y si es que hay presupuesto para eso”, indicó, sugiriendo que las iniciativas anunciadas responden más a una lógica comunicacional que a una política estructurada.

Financiamiento El debate se vuelve aún más crítico al considerar el contexto presupuestario. Mario Aguilar calificó como contradictorio que, en medio de una crisis reconocida, se planteen recortes en educación. “Resulta absolutamente incongruente que entre una evidencia de un problema grave (…) por otro lado se esté anunciando recorte en los presupuestos”, sostuvo.

“En educación no necesitan menos recursos, necesitan más recursos”, agregó. Según explicó, la reducción de recursos impacta directamente en la capacidad del sistema para responder a los desafíos actuales, especialmente en áreas como la convivencia escolar y la salud mental. “¿Cómo se va a hacer eso con menos recursos?

Es absolutamente imposible”, cuestionó, advirtiendo que la implementación de la propia ley requerirá inversión en equipos profesionales y apoyo especializado. El dirigente subrayó que las carencias no son homogéneas, pero que existen territorios donde la situación es especialmente compleja. En ese contexto, mencionó el caso de Magallanes, donde los problemas de gestión y financiamiento se arrastran sin solución.

“Magallanes tiene un gran problema que es el Servicio Local, un déficit que viene llegando, pero que no se ha resuelto. Más encima le van a recortar más recursos”, afirmó, señalando que esto limita cualquier posibilidad de fortalecimiento del sistema. Problemas de arrastre Las dificultades también se expresan en la infraestructura de los establecimientos, donde la falta de servicios básicos ha afectado la continuidad de las clases.

Otro de los puntos abordados fue la reiteración de problemas en el pago de remuneraciones, situación que, según indicó, refleja fallas persistentes en la gestión de la educación pública. El dirigente también hizo referencia a la demora en la implementación de ajustes normativos que podrían mejorar el funcionamiento del sistema, cuestionando la falta de celeridad en procesos que ya cuentan con aprobación. Finalmente, Aguilar reiteró que las medidas más urgentes pasan por revertir el recorte presupuestario y abordar de manera integral la crisis de convivencia escolar, con especial énfasis en la salud mental.

“Para nosotros lo más urgente es dejar sin efecto el tema del recorte presupuestario, y luego abordar este tema de la violencia escolar y convivencia escolar, con el foco en el tema de salud mental”, afirmó, advirtiendo que la falta de acciones estructurales podría profundizar el deterioro del sistema educativo.