Chile no es el país más peligroso de la OCDE. De hecho, los datos más recientes muestran que la violencia intrafamiliar cayó un 3,2% y los robos violentos disminuyeron un 9,8% respecto del año anterior. Sin embargo, la percepción de inseguridad sigue creciendo y alcanza un 87,7%.

La pregunta es evidente: ¿por qué la sensación de miedo aumenta cuando algunos indicadores bajan? Parte de la respuesta está en cómo el país comunica la la inseguridad. Los medios y las redes sociales cumplen un papel clave en este escenario.

La exposición de hechos delictuales es extremadamente atractivo para los medios y el resultado es que los cubren de manera reiterada y muchas veces los amplifican. Entre otras cosas, esto ocurre porque en la esencia de los hechos delictivos convergen algunas características que los hacen muy atractivos para la industria de la información y el entretenimiento: cuentan con altas cuotas de dramatismo, aportan conflictos que generan atención, la mayoría de estos hechos cuentan también con imágenes que generan gran impacto y se viralizan vertiginosamente. Pero sobre todo, contiene víctimas; es decir, seres humanos con los cuales nos podemos sentir identificados y finalmente terminamos reconociendo en esa situación de violencia nuestra propia vulnerabilidad y temor.

En esta relación perversa, los medios aportan con una espiral de repeticiones y alarmantes mensajes de alerta y peligro. Es muy común que debido a las características que hacen atractivos los hechos delictuales para los medios y la opinión pública, los informativos inicien sus noticiarios con su cobertura o, bien, le otorgan un espacio privilegiado dentro de su programación. De este modo, nos acostumbran a consumir altas dosis de delitos, homicidios o persecuciones policiales, por lo que no resulta extraño que las audiencias concluyan que se trata de un problema central y dominante en el país.

Esta construcción de realidad no sólo genera la percepción de que la delincuencia ocupa un lugar predominante, sino que este escenario se ve complejizado cuando comienzan a aparecer declaraciones dispersas frente a un mismo hecho, de parte de autoridades policiales, ministros, alcaldes, parlamentarios y testigos. Cada uno aporta su propia lectura, su propio énfasis, su propio tono, su propio interés, por lo que no es extraño que las declaraciones lleguen de manera desfasada y muchas veces sean contradictorias entre sí. El resultado de esta ecuación es clara y previsible: se instala la sensación de desorden, crece la percepción de vulnerabilidad y la idea de que el Estado perdió el control empieza a circular con facilidad.

En ese contexto, las redes sociales hacen lo suyo: amplifican el alarmismo, multiplican la desinformación y convierten el miedo en un recurso político cada vez más rentable. Así, uno de los problemas de fondo es la ausencia de un relato estratégico sobre seguridad. Se anuncian operativos, se enumeran medidas, se presentan cifras, pero eso no es suficiente, porque rara vez se explica con claridad hacia dónde apunta todo eso.

Hace falta construir una narrativa que conecte los hechos, que dé contexto y que permita entender cuáles son las prioridades del Estado y cuál es la estrategia detrás de las decisiones. Cuando ese marco no existe, cada delito aparece como un episodio aislado y caótico. Para la ciudadanía, entonces, no hay plan ni dirección: solo una sucesión de crisis.

Es sabido que en cualquier manejo de crisis la fragmentación de vocerías genera más ruido que claridad. Sin embargo, en Chile se ha vuelto una práctica habitual que ante un mismo hecho un actor hable de control, otro de contención, que otro prometa nuevas medidas y que alguno relativice el impacto del caso. Entonces, comunicacionalmente, más que una adecuada coordinación, lo que se proyecta es desorden.

Y el desorden, en política, suele traducirse rápidamente en desconfianza. Hoy, en la práctica, la agenda la fijan los hechos policiales, los matinales o las redes sociales, pero en ningún caso la institucionalidad. Y cuando el Estado pierde la capacidad de ordenar el relato otros ocupan ese espacio con discursos simples, punitivos o abiertamente autoritarios, ofrecieron solo certezas emocionales.

Este déficit comunicacional tiene efectos políticos concretos y es que cuando el Estado no logra explicar sus crisis, termina cediendo terreno en la disputa por el sentido de la seguridad. Recordemos que sólo una parte de la seguridad pública se juega en patrullajes, operativos o reformas legales. Otra muy importante se disputa en el terreno simbólico, donde es necesario explicar lo que ocurre, darle contexto y sentido, comunicar con claridad y oportunidad.

Mientras el Estado siga reaccionando tarde y explicando inadecuadamente sus crisis seguirá gobernando a la defensiva. Y en materia de seguridad gobernar a la defensiva casi siempre es empezar perdiendo.