El propio diseño del financiamiento público refuerza esta precariedad. Instrumentos como el Fonapi operan bajo la lógica de proyectos acotados, temporales y competitivos. Pero la autonomía de una persona no puede depender de si una organización gana o no un fondo.

La movilidad no es un beneficio. Es un derecho habilitante para la educación, el trabajo y la participación social.