La negociación del salario mínimo genera tensiones entre las aspiraciones sindicales y las posibilidades reales y razonables. Mientras una parte solicita incrementos para recuperar o mejorar el poder adquisitivo de quienes están empleados (y puedan permanecer así), el Ministerio del Trabajo propone alzas acotadas. Esta negociación tradicional ocurre en un contexto de aumentos extraordinarios del salario mínimo en términos reales desde 2022 (15,4%), muy superior al de los salarios promedio (4,8%).

Ya que la única fuente sostenible de aumento de los salarios es el crecimiento de la productividad laboral, la capacidad de mejorar las remuneraciones generales es muy limitada, dado el casi nulo avance de ésta en los últimos 15 años. Esta es la causa fundamental de los bajos salarios en general en Chile. El aumento del salario mínimo legal con productividad casi estancada ha dejado a Chile, dentro de la OECD, como una de las economías con mayor proporción entre el salario mínimo y el salario mediano (índice de Kaitz).

Esto significa que un aumento del salario mínimo hoy tendría un impacto en un grupo amplio de trabajadores, beneficiando a quienes logran mantenerse empleados, pero limitando la creación de empleo formal y fomentando los empleos informales. Insisto, como ya lo he planteado antes, en la disparidad territorial. Un salario mínimo nacional único impone un obstáculo serio a la formalidad en regiones de menores salarios como Maule, Ñuble o La Araucanía, en contraste con aquellas de salarios nominales relativamente altos como las regiones de Antofagasta y Metropolitana.

Avanzar en una política con diferenciación regional fomentaría la formalización del empleo en las regiones más pobres de Chile. Recordemos que el mercado laboral tiene una tasa de desocupación entre 8% y 9% por varios años; la cual, si incluimos inactivos disponibles para trabajar, llega en torno al 16%. Si bien pueden existir factores más profundos detrás de estas cifras, como cambios tecnológicos y demográficos, las alzas de costos laborales como el incremento del salario mínimo, la reducción de jornada a 40 horas (de facto, un aumento del salario por hora) y aumentos de cotizaciones previsionales comprometidas en la ley configuran un escenario desfavorable para la creación de empleo.

Para que los subsidios a la contratación propuestos por el Ejecutivo logren atenuar el efecto de estos mayores costos y estimular la creación de empleo, el salario mínimo debiera subir muy modestamente, pese a las presiones sindicales. Quienes no tienen trabajo o tienen uno informal no están en la mesa de negociaciones. Velar por los intereses de ellos y de otros trabajadores cuyos puestos de trabajo podrían verse afectados será un duro desafío para las autoridades que debutan en estas lides.