Es indiscutido que, en todo proceso penal, existe una desigualdad inherente: el Estado posee todo el aparato de investigación y fuerza. Frente a esta realidad la defensa penal actúa como el contrapeso necesario para evitar que ese poder se convierta en arbitrariedad. Sin una defensa sólida, el proceso deja de ser una búsqueda de la verdad para convertirse en una simple imposición de autoridad.
De lo anterior, podemos concluir con claridad que el rol de quien ejerce defensa penal no es "liberar culpables", sino asegurar que las reglas del juego se respeten. Esto incluye vigilar que las pruebas se obtengan legalmente, que se respeten los plazos y que el imputado comprenda sus derechos. Cuando la defensa exige el cumplimiento de la ley, está protegiendo el sistema entero.
Nunca olvidemos que, en la vida en sociedad, sin excepciones, cuando por parte de la autoridad se violan los derechos de una persona, se pone en riesgo la seguridad de todos.