Los efectos de medidas tomadas por esta administración son predecibles en tanto afectan derechos sociales y civiles de chilenas y chilenos, limitan el rol estatal en beneficio de la población, reducen el impacto de políticas públicas, generan retrocesos en temas sensibles, abriendo un marco impredecible, de incertidumbre y peligroso. Se suma a lo anterior la instalación de una molestia ciudadana con las medidas tomadas por el gobierno y una inquietud respecto a los efectos en la calidad y costos de la vida. “El Siglo”.
El Editorial. Santiago. 5/4/2026.
En sus primeras semanas, el actual gobierno dispuso una serie de medidas que son regresivas, coercitivas y restrictivas, afectando ámbitos muy sensibles para el país. Disminuir el 3% del presupuesto de todos los ministerios, sacar del Congreso varios proyectos relacionados con temas laborales y sociales, retirar de Contraloría decretos en materia de derechos humanos y medioambientales, sacar a personal clave del área de Derechos Humanos de la cartera a cargo de esas funciones, limitar el acceso a gratuidad universitaria y ordenar medidas para el pago del CAE en beneficio de la banca, bajar impuestos determinantes a las grandes empresas, plantear disminución de recursos y falta de planes concretos en seguridad pública, son algunas de las situaciones vividas en tres semanas de gestión de la actual administración. Son acciones que, en paralelo, afectan derechos sociales, benefician a los sectores más ricos de Chile, limitan la acción del Estado y entran en una línea de reanimación neoliberal y acotamiento autoritario.
Se comenzó a desmantelar el soporte en áreas sociales, de derechos humanos, medioambientales, laborales y educacionales. Esto, como señalaron legisladores y dirigentes políticos, sindicales y sociales, tiene que ver con la intención, asimismo, de la reducción del papel del Estado, con una refundación neoliberal, una práctica presidencial autoritaria, y la imposición de una doctrina ideológica ultraderechista y proempresarial. Los efectos de todo eso son predecibles en tanto afectan derechos sociales y civiles de chilenas y chilenos, limitan el rol estatal en beneficio de la población, reducen el impacto de políticas públicas, generan retrocesos en temas sensibles, abriendo un marco impredecible, de incertidumbre y peligroso.
Se suma a lo anterior la instalación de una molestia ciudadana con las medidas tomadas por el gobierno y una inquietud respecto a los efectos en la calidad y costos de la vida.