Como el gobierno Kast-Quiróz ha querido justificar la rebaja al Impuesto a la Renta de las grandes empresas, de 27 a 23%, con el falaz objetivo de aumentar las inversiones y el crecimiento económico, antes de pasar a desmentir esta falacia, creo necesario explicar primero lo que es realmente el impuesto a las empresas en Chile, porque, aunque actualmente se habla mucho de ello, son muy pocos los chilenos que realmente saben cómo funciona este impuesto. Para explicar cómo funciona el Impuesto a la Renta de las empresas, reproduciré un artículo que publiqué el año 2012, en diversos diarios electrónicos, y, después de este artículo, me referiré a la falacia de que la rebaja de este impuesto produce un aumento de las inversiones. La tributación de las empresas en Chile El sistema tributario a la renta es uniforme y rige por igual para todas las personas y empresas situadas en el territorio chileno, sean ellas nacionales o extranjeras.

Ello quiere decir que las empresas extranjeras del cobre no tienen un régimen tributario más favorable que el resto de las empresas privadas chilenas, cualquiera sea el sector económico en que se desempeñen. Sólo Codelco y, en general, las empresas del Estado, fuera de la tributación general, están afectas a otros impuestos, y, además, todas sus utilidades ingresan a las arcas del Fisco. Lo que es singular en la tributación chilena es que sólo las personas están sometidas al Impuesto a la Renta, y no las empresas, por lo que Chile es el único país en el mundo donde no existe el Impuesto a la Renta de las empresas, o es solo virtual, como pasamos a explicarlo.

En Chile no existe un real Impuesto a la Renta de las empresas propiamente tal, porque la Ley 18. 293 de 1984 suprimió este impuesto, y se mantuvo un muy sui géneris Impuesto de Primera Categoría, que obliga a las empresas a pagar un impuesto a la renta de 10% de las utilidades que declaren, pero que en el mismo momento que se declara dicho impuesto, se declara también el impuesto personal a la renta (Impuesto Global Complementario), en el cual se devuelve a los dueños de la empresa el Impuesto de Primera Categoría de la o las empresas en que dicho empresario es socio o accionista. En los hechos, es sólo un impuesto artificial o virtual, que no existe en la realidad, pero que como toda imagen virtual tiene la gran virtud de hacer creer a la casi totalidad de los chilenos que el Impuesto a la Renta de las Empresas existe.

Esto funciona de la siguiente manera. El Impuesto de Primera Categoría afecta a todas las empresas situadas en el territorio nacional y se debe pagar obligatoriamente todos los años, en base a las utilidades que obtengan o declaren las empresas. Conjuntamente con la declaración de la renta de la empresa, se debe presentar la declaración personal a la renta o Global Complementario (que se llama Adicional, de los socios accionistas extranjeros).

Es precisamente en esta Declaración del Global Complementario o Adicional, que se les devuelve a los dueños, socios o accionistas, en función de sus retiros de utilidades de la empresa, la totalidad del Impuesto de Primera Categoría que pagó la empresa, desapareciendo de esta forma el artificial impuesto a la renta de las empresas, que alcanzó a tener sólo una existencia virtual en una declaración de impuesto, para desaparecer inmediatamente en otra declaración de Impuesto del impuesto personal, que es el único impuesto a la renta que llega a las arcas fiscales. Gracias a este subterfugio, la casi totalidad de los ciudadanos están convencidos de que las empresas chilenas o que operan en Chile, son pasibles al impuesto a la renta, o impuesto a las utilidades. ¿Para qué se realiza entonces este ritual, y no se suprime pura y simplemente el Impuesto de Primera Categoría, si finalmente el Fisco tiene que devolverlo a los dueños de las empresas?

Precisamente para que los chilenos crean que las empresas pagan impuesto a la renta. El Impuesto de Primera Categoría, o virtual impuesto a la Renta de las Empresas, cumple entonces un rol político fundamental para la aceptación pasiva por parte de la opinión pública del modelo económico vigente. Los impuestos existen desde que el hombre se dio las primeras organizaciones sociales, en las que había jefes, reyes o soldados que mantener, y el impuesto o tributo es entonces muy anterior a la aparición del mercado.

Desde los inicios del capitalismo, el impuesto a la renta o las utilidades de las empresas existe en todos los países del mundo con economía de mercado, y fue teóricamente justificado por los creadores de la ciencia económica, comenzando con el mismo Adam Smith, y sobre todo con David Ricardo, cuya obra principal se llama precisamente: «Principios de la Economía Política y del Impuesto». Lo lógico entonces en un sistema de economía de mercado, es que las empresas paguen impuesto por las utilidades que obtienen, como ocurre en todo el mundo. Lógicamente, ningún ciudadano chileno podría imaginarse siquiera que Chile sea el único país que escape a esta regla universal.

Es por ello que resulta muy difícil convencer a un chileno que las empresas chilenas estén exentas por ley del pago del impuesto a las utilidades que generan. La condición esencial para pagar el impuesto a la renta es que exista renta, es decir, que la empresa obtenga o declare utilidades. Si no declaro utilidades, no puede existir entonces impuesto a la renta o a las utilidades.

He ahí la razón por la cual las empresas mineras extranjeras usan de toda su globalizada sabiduría para no declarar utilidades en Chile. Fácil: no declaro utilidades y no pago impuestos, ni siquiera el muy artificial y virtual Impuesto de Primera Categoría. Es más, estas empresas declaran generalmente pérdidas, las que se acumulan en sus balances, y que pueden legalmente deducir de las eventuales utilidades que pudieren obtener en el futuro, o traspasarlas a eventuales nuevos dueños de la empresa.

Así, una buena gestión empresarial, se traduce generalmente en declarar misérrimas utilidades, o declarar pérdidas. En esta excelencia en la gestión, se destacan todas las empresas extranjeras y muy especialmente las grandes mineras extranjeras, invencibles en la evasión tributaria. En esta tarea son amparadas por las mismas instituciones del Estado que deberían fiscalizarlas, que permiten el fraude tributario que afecta incluso a la dignidad del pueblo chileno.

La falacia del aumento de las inversiones gracias a la rebaja del Impuesto a la Renta de las grandes empresas En Francia, y en general en Europa, es muy conocida la frase “Los treinta gloriosos”, para referirse a los 30 años de gran auge de la economía, después de la Segunda Guerra Mundial hasta 1974, cuando la OPEP cuadruplicó el precio del petróleo, iniciándose lo que se conoció como stagflación. En Europa en general, y en Francia en particular, el auge de las inversiones y del crecimiento económico fue tan importante que los empresarios se vieron obligados a recurrir a la inmigración de trabajadores de África, Portugal, España, etc. Sin embargo, ese enorme crecimiento de las inversiones y de la economía se produjo cuando el impuesto a la renta de las empresas fue el más alto de toda su historia, puesto que desde 1948 hasta 1985, ese impuesto fue de 50% de las utilidades o ganancias de las empresas, para bajar a 33,33% en 1985, bajando a 26,5% en 1993 y a solamente a 25% desde el año 2021, exactamente la mitad del impuesto en los años de gran crecimiento de “Los Treinta Gloriosos”.

Sin embargo, a pesar de la gran reducción del impuesto a las empresas (Impôt sur les bénéfices), la inversión y el crecimiento económico son misérrimos y el desempleo no ha bajado del 10% desde los años ochenta. No se verifica entonces, tanto en Francia como en Europa, que la reducción del impuesto a la renta de las empresas se traduzca en mayor inversión. Estados Unidos también conoció un auge extraordinario de la inversión y el crecimiento económico, desde fines de la Segunda Guerra Mundial hasta gran parte de los años setenta del siglo pasado, a pesar de que el Impuesto Corporativo era de 50%, alcanzando a 52,8% en 1968.

Este periodo fue conocido como la Sociedad del Bienestar. Pero todo cambió en los años ochenta con el gobierno de Ronald Reagan, que bajó considerablemente el impuesto corporativo con el objetivo de aumentar la inversión y el crecimiento económico, lo que no se logró. El impuesto corporativo se mantuvo en 35% desde 1993 hasta 2017, cuando Donald Trump, en su primer mandato, lo bajó a 21%, con el objetivo precisamente de aumentar la inversión y el crecimiento económico en EEUU, pero la inversión no aumentó con esa rebaja del impuesto a las empresas.

Por lo tanto, tampoco se verificó en la mayor economía liberal en el mundo que la rebaja del impuesto a las empresas se tradujo en mayor inversión y crecimiento económico, que sí se verificó en los años sesenta de la Sociedad de Bienestar, cuando el impuesto corporativo en EEUU era de un promedio de 50% de las utilidades. Este mismo escenario registrado en Europa y EEUU también lo hemos observado en Chile. En efecto, como ya dijimos anteriormente, en 1983, cuando se dictó la Ley 18.

293 que creó el muy sui generis Impuesto de Primera Categoría de las empresas, estableció una tasa de solo 10% sobre las utilidades de todas las empresas, cualquiera fuera su tamaño o sector de actividad, pero, además, tenía la característica que el impuesto se pagaba solo si sus dueños, socios o accionistas, declaraban que retiraban esas utilidades de la empresa. Los empresarios, precisamente para no pagar dicho impuesto, declaraban en sus balances que no retiraban las utilidades de la empresa, y la dejaban en el Fondo de Utilidades Tributables, FUT. En los hechos, durante los años ochenta del siglo pasado, las grandes empresas en particular prácticamente no pagaban el virtual Impuesto de Primera Categoría de las empresas.

El objetivo del escaso 10% de impuesto y su forma de declararlo, esta ley tributaria perseguía que las empresas aumentaran sus inversiones, lo que no ocurrió, porque el crecimiento promedio en los años ochenta fue de solo 1,4%. Al iniciarse el gobierno de Aylwin, con la reforma tributaria de la Ley 18. 985 aprobada en junio de 1990, entre otras modificaciones, el Impuesto de Primera Categoría fue aumentado de 10 a 15% de las utilidades, pero, además, dicho impuesto debía obligatoriamente pagarse, retiren o no retiren los empresarios dichas utilidades de sus empresas.

Lo que significaba que para las grandes empresas el aumento del impuesto a la renta aumentó en forma espectacular, pasando prácticamente de un promedio real de tres a 15%, es decir, aumentó en cinco veces. A raíz de este espectacular aumento del impuesto a la renta de las grandes empresas, la inversión y el crecimiento no disminuyeron, por el contrario, el crecimiento promedio entre 1990 y 1995 fue de 7,4%, el mayor crecimiento económico, de lejos, registrado en Chile desde 1990 en adelante, y muy superior al 1,4% registrado en los años ochenta cuando las grandes empresas ni siquiera pagaban impuesto a la renta. En consecuencia, la historia económica de Europa, EEUU y Chile, nos demuestran que bajar el impuesto a la renta de las grandes empresas no generó mayor inversión y crecimiento, puesto que ha ocurrido lo contrario.

Por lo tanto, es una falacia el argumento de la Ley Miscelánea de aumentar la inversión y el crecimiento bajando el impuesto a la renta de las grandes empresas de 27 a 23%, porque ello no se ha observado en la historia económica de EEUU, Europa y Chile. El objetivo de esta medida de la Ley Miscelánea no es ni siquiera ideológica, sino derechamente clasista: aumentar los ingresos de los más ricos de Chile y de los inversionistas extranjeros, especialmente a los de la minería, a los cuales se les promete, además, una irracional invariabilidad tributaria por 25 años. Por Julián Alcayaga O.

Economista y abogado Abril de 2026.