En momentos en que existe amplio consenso respecto de la necesidad de reforzar el crecimiento, atraer inversión y reducir la permisología que frena proyectos estratégicos, la decisión del Segundo Tribunal Ambiental de anular la RCA del proyecto de ampliación Collahuasi ha vuelto a instalar al centro del debate la incertidumbre jurídica que amenaza las inversiones de largo plazo en Chile. La sentencia resulta particularmente preocupante porque no cuestiona la viabilidad de la iniciativa ni objeta que las empresas tras el proyecto intentasen actuar al margen de la institucionalidad ambiental. El fallo apunta a deficiencias asociadas a la forma en que fueron consideradas observaciones relativas al componente humano, comunidades indígenas y aspectos vinculados al medio marino, materias para las que existían alternativas distintas a la paralización de una inversión de US$ 3.

200 millones y cuya aprobación ambiental fue obtenida hace casi cinco años. El proyecto, orientado a extender la vida útil de una de las principales operaciones cupríferas del país, incorporar una planta desaladora y sostener actividad productiva y empleo en Tarapacá, fue retrotraído a una etapa previa de evaluación ambiental, pese a que sus obras superaban el 90% de avance. En este marco, el tribunal acogió reclamaciones respecto de observaciones formuladas durante el proceso que no habrían sido adecuadamente ponderadas por el SEA y el Comité de Ministros, pese a que ambas instancias validaron la iniciativa.

El caso Collahuasi reinstala el debate sobre cómo compatibilizar evaluación ambiental, inversión y certeza regulatoria. El episodio adquiere especial complejidad en momentos en que el propio gobierno impulsa un proyecto de reconstrucción y reactivación, donde uno de sus ejes centrales apunta, precisamente, a acelerar inversiones, reducir tiempos de tramitación y entregar mayores certezas regulatorias. Con el episodio de Collahuasi reaparece “fantasma” de la permisología e inevitablemente trae a la memoria casos emblemáticos como Dominga.

Pero el problema parece ir bastante más allá, porque lo ocurrido vuelve a exponer las distintas capas de desorden que arrastra la institucionalidad ambiental del país, con criterios dispares entre organismos, interpretaciones respecto de exigencias sociales y territoriales, ausencia de estándares homogéneos y una creciente dificultad para compatibilizar evaluación ambiental, desarrollo productivo y certeza jurídica en un mismo marco regulatorio. Pero el caso también instala una discusión más profunda sobre el criterio con que se ejercen las facultades regulatorias y judiciales. El punto no pasa por debilitar exigencias ambientales ni relativizar derechos de comunidades, sino por la proporcionalidad de las decisiones y sus consecuencias, lo que abre una conversación respecto de eventuales ajustes institucionales.

Desde revisar la propia conformación de los tribunales ambientales, avanzando hacia instancias integradas exclusivamente por jueces especializados en derecho ambiental, apoyados por cuerpos técnicos permanentes provenientes de disciplinas científicas; hasta discutir mecanismos que permitan ponderar de mejor manera la magnitud de las consecuencias económicas, sociales y regulatorias de determinados fallos. El punto no es restringir el derecho de comunidades y organizaciones a reclamar ni debilitar estándares ambientales, sino evitar que episodios de esta naturaleza terminen consolidando la percepción de que en Chile incluso inversiones avanzadas materialmente pueden volver a quedar suspendidas bajo criterios difíciles de anticipar. Esa incertidumbre, más que cualquier discusión legislativa sobre permisos, es probablemente uno de los principales factores que hoy condicionan la capacidad del país para volver a atraer inversión de gran escala.