El Gobierno designó al psicólogo Pedro Natho como nuevo director ejecutivo de la Comisión Verdad y Niñez, en un intento por reordenar la instancia tras la renuncia colectiva de parte de sus integrantes y en medio de una controversia que abrió un nuevo flanco para el Ministerio de Justicia. La comisión, creada durante la administración de Gabriel Boric para avanzar en verdad y reparación respecto de vulneraciones sufridas por niños, niñas y adolescentes bajo tutela del Estado, quedó reducida a tres integrantes luego de la salida de cuatro de sus siete comisionados. Desde el Ministerio de Justicia sostuvieron que el conflicto responde a problemas de funcionamiento interno y que ello obligó a reformular el trabajo de la instancia.
Según antecedentes entregados por los comisionados salientes, en siete meses de funcionamiento la comisión había recogido 233 testimonios a nivel nacional, una cifra que desde La Moneda se consideró muy por debajo de lo esperado. Bajo ese diagnóstico, se evaluó dar continuidad al trabajo bajo un esquema distinto, incluyendo la posibilidad de no retribuir económicamente a parte de sus integrantes, escenario que terminó precipitando las renuncias. Desde la vereda opuesta, la ahora expresidenta de la comisión, Soledad Larraín, atribuyó la fractura a una falta de entendimiento con el ministerio encabezado por Fernando Rabat.
A su juicio, la evaluación de bajo rendimiento debilitó severamente el trabajo del organismo, en particular porque implicó reducir a la mitad los profesionales desplegados a lo largo del país, afectando la capacidad territorial de la comisión. En la misma línea, el excomisionado Matías Marchant cuestionó que la evaluación se hiciera bajo criterios administrativos y de productividad, sin considerar —según dijo— los elementos éticos, políticos y de reparación que forman parte del sentido mismo de la instancia. Su crítica apuntó directamente a las autoridades del ministerio, a quienes acusó de no ponderar esa dimensión al momento de revisar el desempeño del organismo.
En paralelo, desde el oficialismo surgieron señales de respaldo al Ejecutivo. El diputado republicano Luis Fernando Sánchez sostuvo que, pese a la salida colectiva, la comisión puede seguir funcionando con normalidad, intentando bajar el impacto político de una crisis que dejó instalada la disputa sobre cómo medir una instancia concebida para escuchar testimonios de víctimas y no solo para cumplir metas cuantitativas. La llegada de Pedro Natho busca ahora estabilizar un proceso que quedó tensionado entre dos lecturas opuestas: la del Gobierno, que plantea la necesidad de corregir una estructura que considera ineficiente, y la de los renunciados, que acusan una intervención que terminó erosionando la misión ética y reparadora de la comisión.