El Ministerio de Hacienda reveló las piezas clave que financiarán el ambicioso Plan de Reconstrucción Nacional del gobierno de José Antonio Kast. El titular de la cartera, Jorge Quiroz, confirmó que una de las medidas estructurales más relevantes será la eliminación de la franquicia tributaria del Sence, decisión con la que el Estado proyecta un ahorro anual de US$300 millones. La iniciativa busca dar sostenibilidad fiscal a la reforma, la cual contempla una reducción del impuesto de primera categoría (empresas) del 27% al 23%.
Según el Ejecutivo, la eliminación del beneficio tributario de capacitación responde a un diagnóstico de "utilización subóptima" y falta de eficiencia en el uso de esos recursos por parte de las empresas. El plan para compensar la menor recaudación La rebaja de impuestos corporativos generará una merma inicial en las arcas fiscales. Ante esto, el ministro Quiroz detalló que el Gobierno apuesta a que entre dos tercios y tres cuartos de esa caída se recuperen mediante tres vías: Mayor crecimiento económico: Impulsado por el incentivo a la inversión.
Medidas transitorias de recaudación: Incluidas en el nuevo proyecto de ley. Agilización de proyectos: Impacto directo en la actividad y tributación por nuevos empleos. El porcentaje restante del financiamiento será cubierto estrictamente a través de políticas de contención del gasto público, donde el ajuste al Sence juega un rol protagónico.
¿Qué pasará con el Sence? Pese a la eliminación del mecanismo que permitía a las empresas descontar gastos de capacitación de sus impuestos, el ministro enfatizó que el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) como organismo no desaparecerá. "El organismo cumple funciones más amplias dentro de la política pública de empleo y formación laboral", aclaró Quiroz, señalando que el enfoque ahora estará puesto en la eficiencia del gasto directo más que en beneficios tributarios de dudoso impacto.
Impacto en adultos mayores y municipios Otro de los pilares de la megarreforma es la eliminación de las contribuciones para adultos mayores de 65 años en su primera vivienda. Esta medida tendrá un costo fiscal de US$200 millones anuales. Debido a que las contribuciones son una fuente de ingresos para las comunas, el Estado deberá restituir cerca de US$130 millones al Fondo Común Municipal.
Esta compensación es clave para no desfinanciar a los gobiernos locales.