Una nueva voltereta—y una no menor— sumó la Ley Miscelánea del Gobierno del Presidente José Antonio Kast, luego de que el Ejecutivo decidiera retirar la limitación etaria a la gratuidad universitaria, una de las medidas que había generado mayor controversia en los últimos días. El ministro de la Segpres, José García Ruminot, confirmó el giro tras una reunión sostenida con los titulares de Hacienda e Interior. “La limitación de la gratuidad por sobre los 30 años de edad no va a estar en esta iniciativa”, afirmó.

La señal marca un cambio relevante respecto de lo que el propio Gobierno había instalado previamente como una opción en evaluación, generando críticas tanto desde la oposición como desde sectores del oficialismo. “El Gobierno quiere que toda persona que desee especializarse, que desee continuar estudios de educación superior lo haga (…) va a haber gratuidad para los mayores de 30 años”, agregó el ministro, justificando la decisión en la necesidad de considerar trayectorias educativas más diversas. El argumento también apuntó a factores sociales, especialmente en el caso de mujeres.

“Esto es muy importante (…) porque muchas mujeres por su maternidad postergan los estudios”, explicó García Ruminot. El retroceso del Ejecutivo se da en medio de un proceso más amplio de ajustes al proyecto, que ha enfrentado cuestionamientos políticos y técnicos desde su anuncio en cadena nacional. De hecho, el propio ministro reconoció que el texto aún no está cerrado y que seguirá siendo modificado.

“Estamos todos los días revisando el proyecto (…) vamos a ir haciendo las correcciones que sean necesarias”, sostuvo. Pese a este cambio, el Gobierno mantiene en evaluación otra norma vinculada a la gratuidad, que podría impedir el acceso al sistema a nuevos establecimientos de educación superior. Sobre este punto, García Ruminot indicó que también está siendo revisado por razones de “orden constitucional”.

El episodio deja en evidencia las tensiones internas y externas que ha enfrentado la iniciativa, obligando al Ejecutivo a recalibrar su propuesta antes de su ingreso al Congreso. Con este giro, La Moneda busca descomprimir uno de los flancos más sensibles de la reforma. Sin embargo, el debate sobre el alcance y diseño del proyecto sigue abierto, en un escenario donde cada ajuste vuelve a reconfigurar el equilibrio político de la iniciativa.