Dicho en términos weberianos, la ética de la responsabilidad exige medir consecuencias, someter la convicción al procedimiento y entender que la voluntad de corregir no reemplaza la fundamentación técnica ni jurídica. La ciudadanía puede aceptar decisiones duras; lo que no debiera aceptar es que ellas aparezcan como fruto de la revancha, del gesto político o de una conclusión previa a la evidencia. En El Olivar, más que energía, lo que se requiere es una administración capaz de mostrar que obra bajo el principio de legalidad, sujeta a la norma y orientada por razones públicas.
Solo entonces, si los antecedentes lo justifican, incluso la opción más drástica podría ser entendida como una decisión legítima, y no como un acto de fuerza.