Señor Director: A 23 años de su creación, el Sistema de Alta Dirección Pública (ADP) es uno de los avances institucionales más significativos de Chile. El BID confirmó en 2024 que nuestro país mantiene el servicio civil más desarrollado de América Latina, con un subíndice de mérito de 87 puntos. Sin embargo, han emergido opiniones que estos consejeros no compartimos.
Entre ellas, ampliar de 12 a 130 los cargos de libre designación presidencial, los llamados “balas de plata”. Estas iniciativas no corrigen la rotación directiva: la institucionalizan. El ADP fue diseñado precisamente para reemplazar la discrecionalidad política por criterios técnicos objetivos.
Retroceder en esa dirección no fortalece la gestión del Estado; la debilita, erosionando la confianza ciudadana que el sistema ha contribuido a construir. El fortalecimiento del Estado no pasa por ampliar la discrecionalidad en los nombramientos, sino por consolidar los mecanismos que hacen del mérito el eje de la dirección pública.