La tramitación del Plan de Reconstrucción, conocido también como “ley miscelánea”, ha entrado en una etapa de alta tensión legislativa y política. Ante la fragilidad de apoyos, el Ejecutivo articuló una “troika oficialista” para el lobby legislativo, liderada por el ministro del Interior, Claudio Alvarado, recién ungido como primus inter pares del gabinete. A él se suman José García Ruminot (Segpres) y el senador Arturo Squella, quienes buscan por doquier los votos necesarios ante la fragmentación opositora.

Ello, aun cuando la mente maestra detrás de la iniciativa del Gobierno, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anticipó que, de no obtener los 78 votos necesarios en Sala, el Gobierno seguiría gobernando mediante gestión y decretos. Fuentes internas aclaran que, aunque existen facultades administrativas para temas ambientales o económicos menores, “obras gruesas” como la invariabilidad tributaria o la rebaja de impuestos corporativos no pueden implementarse por decreto. A esto se suma la tensión entre Hacienda y la Segpres, por la descoordinación en las negociaciones con partidos como el PDG.

Cuando la diputada Pamela Jiles reclamó que el borrador del proyecto de ley de devolución de IVA a los remedios era otra cosa, desde la cartera apuntaron a la mano de Quiroz sobre el texto. Ahí se cayeron los votos, dicen. PDG: la estrategia del intercambio El Partido de la Gente (PDG) ha vinculado su apoyo a la aprobación de proyectos paralelos para la devolución del IVA en pañales y medicamentos.

La relación se tensó cuando el Gobierno envió un borrador que el PDG consideró “insuficiente”, tildándolo de un simple “bono” en lugar de una devolución real. Tras reunirse con el ministro Quiroz, Franco Parisi se mostró optimista sobre alcanzar consensos técnicos, aunque la diputada Zandra Parisi se abstuvo en la comisión, como señal de que las conversaciones continúan. En La Moneda creen que el PDG busca “subir el precio” de sus 13 votos para mostrarse como una fuerza decisiva.

Ante el repentino cambio de adhesión del Partido de la Gente (PDG), que ahora dejó en suspenso su apoyo a la idea de legislar el proyecto, en el oficialismo giraron a priorizar negociaciones con la “oposición amigable”, es decir, el PS, el PPD y la DC. Mulet en “pausa reflexiva” y la DC dividida El diputado de la Federación Regionalista Verde Social ha protagonizado un giro notable. Inicialmente cuestionó la constitucionalidad de la invariabilidad tributaria por 25 años, pero tras un informe técnico de la Cámara, que validó la medida, anunció que votaría a favor para no ser “obstructivo”.

Recientemente, sin embargo, entró en una “pausa reflexiva”, argumentando que el proyecto está cuestionado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), y que aprobar una ley de esta envergadura por un solo voto no entrega la estabilidad necesaria para desatar la inversión. La Democracia Cristiana pasa por una crisis similar. Mientras su directiva nacional rechaza la “megarreforma”, varios parlamentarios se han mostrado llanos a aprobar la idea de legislar.

En la Comisión de Hacienda, la diputada Priscilla Castillo votó en contra, impulsada por el lapidario informe del CFA. No obstante, el partido no ha dado un “portazo” definitivo y supedita su voto en Sala a que el Gobierno incorpore sus propuestas técnicas. El Consejo Fiscal Autónomo: el “baño de realidad” técnico El informe del CFA ha sido el factor más disruptivo en la discusión.

Sus planteamientos han inyectado incertidumbre técnica y “temor” entre los parlamentarios. El ministro Quiroz ha señalado que el Gobierno analizará detenidamente este informe para responderlo “en tiempo y forma”, mientras que el Presidente Kast reafirmó su compromiso de dar respuesta a cada una de las inquietudes planteadas por la institución.