La Corte de Apelaciones de Punta Arenas instruyó a la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena) restituir el pago de la pensión de montepío a Irma Ovalle Oyarzún. La mujer fue condenada en 2013 a una pena de 20 años de cárcel tras ser hallada culpable de contratar a un sicario para asesinar a su marido, un suboficial mayor en retiro del Ejército. A pesar de su condena, Ovalle solicitó en 2017 el beneficio heredado de su cónyuge, el cual ascendía en ese entonces a poco más de un millón de pesos mensuales.
Sin embargo, el pago nunca se materializó de forma efectiva. Según el fallo actual que consignó LUN, el Estado deberá cancelar ahora la suma acumulada desde el 27 de julio de 2017, cifra que bordea los $150 millones. El conflicto radica en por qué una persona que asesinó a su pareja puede recibir su herencia.
De acuerdo con lo que señalan el abogado de Ovalle, Marcos Ibacache, y el académico Francisco Talep al medio citado, existen las causales de indignidad en el Código Civil, como el homicidio, las cuales inhabilitan a un heredero por razones éticas. Sin embargo, para que esta inhabilidad sea válida, debe ser declarada por un tribunal civil. En este caso, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) envió un oficio señalando la "indignidad" de la mujer, pero nunca inició el juicio civil correspondiente para ratificarla.
Al no existir una sentencia civil que la declarara "indigna", el derecho a la pensión se mantiene vigente. Ibacache fundamentó el recurso señalando que su representada actuó tras años de ser víctima de constantes maltratos y golpizas por parte de su marido, Didier Mansilla. Según el jurista, en 2012 la mujer tomó la decisión de terminar con el "tormento diario" que vivía.
Actualmente, a Irma Ovalle le quedan aproximadamente cinco años para cumplir su condena y recuperar su libertad, tiempo durante el cual seguirá percibiendo este beneficio de por vida.