El año 1775, Jacques Turgot, entonces Inspector General de Finanzas del rey Luis XVI, se propuso enfrentar la compleja situación financiera de Francia mediante una reforma radical: eliminar los obstáculos que, heredados de las tradiciones medievales, dificultaban el libre comercio al interior del reino. Ello implicaba, principalmente, suprimir numerosas aduanas internas, abrir a todas las personas el ejercicio de profesiones antes restringidas y poner fin a la fijación de precios de bienes de consumo promovida por antiguas corporaciones de oficios y artesanos. Su entusiasmo por estas medidas era tal que llegó a escribir al rey: “En diez años será imposible reconocer a la nación (…) Francia aventajará a todos los pueblos que existen y que hayan existido jamás”.

El problema fue que sus reformas se implementaron en el peor momento posible: una serie de malas cosechas transformó la liberalización económica en un rápido aumento de los precios, escasez de productos básicos y fuertes disturbios populares. En poco más de una década, Francia no se encontraría ante el paraíso prometido, sino al borde de su mayor revolución. La moraleja de esta historia es clara: al implementar una política económica no basta con tener razón en términos técnicos; también importan el momento y la forma en que se aplica, así como la manera en que la sociedad —y sus distintos grupos y élites— recibirán esas transformaciones.

En las vertiginosas primeras semanas del gobierno de José Antonio Kast, hemos observado, en primer lugar, una opinión pública sorprendentemente esperanzada. La encuesta Pulso Ciudadano N. º 117, realizada durante la segunda semana de marzo de 2026, mostraba con claridad aumentos notables en la percepción de que Chile avanza en la dirección correcta, una disminución notable en la proporción de personas que creían que el país estaba en retroceso y, sobre todo, un marcado optimismo respecto del futuro: un 48,2% de las personas afirmaba que en un año Chile estaría mejor o mucho mejor, mientras que un 52,5% sostenía lo mismo respecto de su situación económica personal.

El optimismo era tal que incluso se extendía al Parlamento, reduciendo de manera inédita la desaprobación del Congreso en casi 30 puntos porcentuales, como muestra la siguiente figura. Al parecer, el mensaje centrado en la necesidad de un “gobierno de emergencia” —enfocado en el combate a la delincuencia, la inmigración ilegal y la corrupción; la recuperación del orden público; el fomento del crecimiento económico; y la relevancia de la familia—, que marcó toda la campaña presidencial y que el propio Presidente reforzó en su primer discurso desde La Moneda, logró resonar en una parte importante de la población. Sin embargo, el anuncio del aumento en el precio del petróleo y sus derivados —producto de las contingencias internacionales y del término de los mecanismos de estabilización que mantenía el Estado— tuvo un impacto significativo sobre ese optimismo inicial.

La encuesta Cadem N. º 640, correspondiente a la cuarta semana de marzo de 2026, lo muestra con claridad: la aprobación presidencial cayó 10 puntos porcentuales entre el 17 y el 24 de marzo, pasando de 57% a 47% en solo una semana. Así, la evolución en estos primeros días replica casi exactamente la caída que experimentó la aprobación del presidente Boric en un período equivalente.

De mantenerse esta tendencia, podríamos estar frente a un gobierno que ejerce su mandato con el apoyo de una proporción claramente minoritaria de la población. La misma encuesta sugiere que el problema no radica en una falta de comprensión o credibilidad del diagnóstico gubernamental. Por el contrario, un 55% de las personas encuestadas acepta el argumento de que las finanzas públicas atraviesan una situación crítica, o al menos que los recursos del Estado son limitados y requieren priorización.

Asimismo, una proporción relevante de la población no atribuye la responsabilidad de esta situación al gobierno actual, sino al anterior o al contexto internacional, de modo que menos de un tercio considera que el aumento de precios es atribuible al presidente Kast. En consecuencia, el problema no parece ser comunicacional: una parte sustantiva de la población ha escuchado e incluso validado el diagnóstico del gobierno. Tampoco se trata de un rechazo a las medidas paliativas impulsadas por la actual administración.

Por el contrario, estas son bien evaluadas, especialmente el congelamiento de las tarifas del transporte público —considerada la medida más importante por un 63% de la población y respaldada por más del 80%, al igual que el congelamiento del precio de la parafina, según la última encuesta Panel Ciudadano—. Sin embargo, dichas medidas son percibidas como exiguas frente a la magnitud del problema y al riesgo inflacionario que este conlleva, alcanzando un 71% quienes las consideran insuficientes. Entonces, ¿dónde se encuentra la raíz de la brecha que ha emergido entre el gobierno y una parte relevante de la población?

La siguiente figura ofrece una pista sustantiva. En ella se observa que, si bien predomina una evaluación mayoritariamente crítica de la gestión gubernamental frente al alza de los combustibles, en la mayoría de las afirmaciones la proporción que apoya al gobierno es solo marginalmente inferior a la que lo cuestiona (5% o menos). La excepción se encuentra en las dos afirmaciones ubicadas más a la derecha de la figura (que hemos destacado con rectángulos rojos), donde la brecha supera los 10 puntos porcentuales.

En particular, el gobierno es percibido como incapaz de “proteger a Chile en un escenario muy difícil” y, de manera aún más significativa —dada la magnitud de la diferencia (28% frente a 62%)—, como falto de empatía. Ambas acusaciones —la falta de empatía y la incapacidad de proteger— resultan especialmente graves en el contexto de las relaciones entre dirigentes y ciudadanía en el siglo XXI. En cuanto a la primera, se trata de un déficit ya identificado en el expresidente Sebastián Piñera, a quien le resultaba difícil establecer un vínculo afectivo con la población, pese a sus esfuerzos.

La segunda constituye una imputación igualmente sustantiva, sobre todo considerando el tipo de mensaje y de gobierno que prometía la actual administración. La historia muestra que, en contextos de incertidumbre, tienden a imponerse liderazgos que prometen resguardar a las personas frente a los riesgos y turbulencias del entorno. En esas circunstancias, además, la ciudadanía suele mostrarse más dispuesta a ceder parte de sus libertades a cambio de seguridad.

En esta línea, es razonable pensar que los tiempos convulsos vividos tanto a nivel global como en Chile tras el estallido social y la pandemia, han impulsado el auge de las demandas por orden público observadas en los últimos años. Estas demandas han desplazado en gran medida a aquellas centradas en la igualdad y los derechos sociales, y contribuyen a explicar el triunfo de José Antonio Kast. En este contexto, y aunque desde el punto de vista económico la medida adoptada por el gobierno —tal como sostienen algunos economistas— pueda ser adecuada en el mediano o largo plazo, los gobiernos no son evaluados únicamente por la coherencia técnica o la corrección económica de sus decisiones, sino también, y quizás, sobre todo, por su capacidad de interpretar el clima social, conectar con las experiencias cotidianas y ofrecer marcos de sentido y protección en medio de la incertidumbre.

Cuando esta dimensión falla, como sugiere la evidencia, el riesgo no es solo una caída en los niveles de aprobación, sino una erosión acelerada del vínculo político que sostiene la gobernabilidad. La lección de Turgot vuelve así a hacerse evidente: incluso las reformas económica y técnicamente correctas pueden fracasar si no logran inscribirse en las percepciones, emociones y expectativas de la sociedad. En otras palabras, en el escenario actual no basta con conducir adecuadamente la economía; es imprescindible comprender la sociedad en la que esa economía se despliega.

Más que un problema de conocimiento técnico, lo que parece estar en juego es un déficit de lectura sociológica del momento en que se implementan estas políticas de ajuste fiscal. El problema no radica tanto en el diseño de las políticas como en la capacidad del gobierno para sintonizar con las expectativas, temores y demandas de una sociedad que, más que nunca, exige comprensión y protección. ¿Se ha roto entonces la confianza entre gobierno y ciudadanía a partir de estas medidas económicas?

En la encuesta Panel Ciudadano aparece un dato que aún podría considerarse alentador para el gobierno: si bien la aprobación respecto de cómo José Antonio Kast está conduciendo el país es claramente minoritaria entre los votantes habituales (39% aprueba frente a un 55% que desaprueba), su apoyo entre los votantes “obligados” —es decir, aquellos que comenzaron a participar tras la introducción de sanciones por no votar— sigue siendo mayoritario (47% aprueba, frente a un 38% que desaprueba). Muy posiblemente de la mantención o no de ese vínculo entre el gobierno y la población menos politizada depende si el gobierno tendrá la gobernabilidad social como para mantener el control de la agenda política, porque, como enseña la historia, los gobiernos no fracasan solo por equivocarse en sus diagnósticos técnicos, sino por no comprender a tiempo a la sociedad a la que intentan gobernar.