Hay una frase que circula con facilidad en los foros económicos y en las declaraciones de política pública: “el mercado laboral está funcionando”. Se dice cuando el desempleo baja, la economía crece y los índices apuntan en la dirección correcta. Lo que rara vez se pregunta es: ¿funcionando para quién?

Porque hay millones de personas que trabajan —que trabajan mucho— y aun así no alcanzan a vivir una vida digna. Que no tienen certeza sobre el mes siguiente. Que enferman por estrés sin acceso a atención médica.

Que llegan a la vejez sin una jubilación suficiente porque pasaron décadas en empleos precarios o cuidando a otros, sin que nadie los contara como trabajo. Para estas personas, el mercado laboral también “está funcionando”. Solo que a su costa.

Al respecto, la primera cosa que hay que decir con claridad: la desigualdad que vivimos en el mundo del trabajo no es un accidente, no es mala suerte colectiva ni el precio inevitable del progreso. Es el resultado de decisiones. De reglas construidas, reformadas y defendidas por actores con intereses concretos.

Reglas que debilitaron los sindicatos, que flexibilizaron los contratos transfiriendo el riesgo al trabajador individual, que gravaron más el salario que el capital, que pusieron el retorno al accionista por encima de cualquier otra consideración. Todo eso tiene nombre, historia y responsables. Una idea que lo cambió todo —para mal— En 1970, el economista Milton Friedman publicó un artículo que se convertiría en uno de los textos más influyentes —y más dañinos— del pensamiento económico contemporáneo.

Su tesis era simple: la única responsabilidad social de una empresa es maximizar las ganancias para sus accionistas. Todo lo demás —el bienestar de los empleados, el impacto en la comunidad, el cuidado del entorno— era y sigue siendo, hoy, en el mejor de los casos, un gasto voluntario y, en el peor, una distorsión del mercado. Esta idea no es una descripción neutral de cómo funcionan las empresas.

Es un programa político disfrazado de teoría económica. Y durante medio siglo ese programa se ha ido implementando con notable coherencia: desregulación financiera, erosión de la negociación colectiva, privatización de servicios públicos, regímenes tributarios que favorecen al capital. El resultado es la economía que tenemos: extraordinariamente productiva en términos de riqueza agregada y extraordinariamente desigual en su distribución.

Hoy, cuando la inteligencia artificial amenaza con automatizar millones de empleos, la pregunta que nadie debería eludir es: ¿quién se quedará con las ganancias de esa productividad? Si las reglas no cambian, la respuesta es clara: quienes poseen el capital tecnológico. Los trabajadores desplazados no recibirán compensación; las comunidades afectadas no participarán de los beneficios.

La automatización puede ser la mayor transferencia de riqueza desde el trabajo hacia el capital de la historia reciente, o bien una oportunidad para redistribuir y transformar la sociedad humana, con el desarrollo integral del ser humano en el centro. Eso no lo decide la tecnología: lo decide la política. El trabajo no es un costo.

Es una persona Frente a esta lógica, existe una tradición de pensamiento —filosófica, no confesional, aunque con raíces en varias tradiciones éticas y espirituales— que sostiene algo radicalmente diferente: el trabajo no es una mercancía. Es la expresión más íntima del ser de una persona. A través del trabajo nos relacionamos con el mundo, desarrollamos capacidades, construimos vínculos, dejamos huella, contribuimos a algo mayor que nosotros mismos.

Por eso, la precariedad laboral no es solo un problema de ingresos: es un daño que afecta la identidad, la autoestima y la capacidad de las personas para proyectarse hacia el futuro. Cuando un sistema económico trata sistemáticamente a las personas como costos de optimización, no solo es injusto en términos distributivos, sino que también niega algo fundamental de lo que significa ser humano. Esta afirmación tiene consecuencias prácticas.

Si el trabajo es expresión de la persona, entonces el salario no puede determinarse únicamente por lo que el mercado tolera: debe alcanzar para lo que una vida digna requiere. Vivienda, salud, educación, tiempo libre, capacidad de participar en la vida común. No como privilegio ni como aspiración: como derecho.

La diferencia entre un salario mínimo y un salario suficiente no es técnica: es ética. Y hay una dimensión de este problema que casi nunca aparece en los debates económicos convencionales: el trabajo que sostiene la vida cotidiana de todas las sociedades y que, sin embargo, no se contabiliza, no genera derechos previsionales ni otorga estatus. El trabajo de cuidar a los hijos, a los mayores, a los enfermos.

El trabajo de construir un hogar y una comunidad. Ese trabajo —que en la mayor parte del mundo recae desproporcionadamente sobre las mujeres— es la base sobre la que todo lo demás se sostiene. Una sociedad que afirma tomarse en serio la dignidad de las personas, pero ignora ese trabajo, es simplemente incoherente.

Reconstruir lo común La desigualdad estructural no se combate solo con buenas ideas. Se combate con organización. Con la reconstrucción de los lazos colectivos que el modelo dominante ha erosionado sistemáticamente durante décadas.

Los sindicatos, las cooperativas, las organizaciones comunitarias, las redes de economía solidaria no son reliquias del pasado ni soluciones marginales: son las formas institucionales a través de las cuales las personas recuperan poder sobre sus condiciones de vida. Su debilitamiento no fue espontáneo: fue el resultado de políticas deliberadas. Su reconstrucción —adaptada a las formas de trabajo del siglo XXI, que incluyen el trabajo digital y el trabajo por plataformas electrónicas— es una tarea política urgente.

Pero la organización no basta si no va acompañada de comprensión. Una de las herramientas más poderosas del cambio social es la capacidad de leer críticamente la realidad: nombrar los mecanismos que producen la desigualdad, identificar los intereses que la defienden e imaginar alternativas concretas. Esa capacidad no cae del cielo.

Se construye en comunidad, a través de procesos de formación que combinen el rigor del análisis con la fuerza de la experiencia vivida. Lo que está en juego No se trata de un debate técnico entre economistas. Se trata de una pregunta sobre el tipo de sociedad que queremos construir.

¿Una en la que el valor de una persona se mide por su productividad para el capital? ¿O una en la que toda persona —por el solo hecho de serlo— merece condiciones de vida que le permitan desarrollarse, cuidar a los suyos, participar en la vida común y proyectarse hacia el futuro con cierta certeza? La primera opción cuenta con instituciones, defensores y décadas de implementación.

La segunda es algo más difícil de cuantificar, pero igualmente real: la convicción, arraigada en lo más profundo de las tradiciones éticas de la humanidad, de que cada persona importa. ¿De qué crecimiento hablamos, que valga la pena, si deja atrás a la mayoría? La actividad económica, en combinación con la acción política, es, ante todo, un acuerdo entre personas sobre cómo vivir juntas, que, para tener un sentido humano, promueve el desarrollo integral de cada una y de la sociedad en la que vivimos.

Ese acuerdo puede renegociarse. De hecho, tiene que serlo si no queremos que la sociedad se nos caiga a pedazos. Por Rodolfo Manuel Vega Académico investigador, Pittsburgh, EE.

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