En 2022, la Corporación Municipal Gabriel González Videla (CGGV) llevó a cabo dos licitaciones para trabajos de conservación del colegio Javiera Carrera. Sin embargo, pese a que las obras no se ejecutaron en su totalidad, fueron factorizadas por la empresa Constructora Genoveza Limitada por un monto superior a los $100 millones. Posteriormente, la empresa de factoring BL Capital SpA inició la cobranza de las facturas.

Al no obtener respuesta de la administración de la época, encabezada por el exsecretario Jorge Díaz Torrejón, durante la gestión del exalcalde Roberto Jacob, decidió judicializar el cobro. Acuerdo fallido Durante 2024, la actual administración intentó alcanzar un acuerdo con la empresa, pero las gestiones no prosperaron. En ese contexto, el Tribunal de Letras de La Serena determinó el pasado 20 de enero el embargo de bienes de la corporación, medida que podría hacerse efectiva a partir del viernes 10 de abril.

“Intentamos revertir esta acción judicial mediante diversas presentaciones en tribunales y, sobre todo, llegar a un acuerdo con la empresa de factoring, pero nuestra propuesta no fue aceptada. El tribunal determinó el embargo de más de 100 bienes, en su mayoría artículos de oficina”, informó Eduardo Rodríguez, secretario general de la CGGV. La autoridad calificó la situación como grave y la atribuyó a la administración anterior.

“Es un hecho que nos golpea nuevamente debido a una gestión deficiente, cuyas consecuencias seguimos enfrentando. A pesar de ello, continuaremos trabajando para cerrar definitivamente la corporación”, agregó. En la demanda se exige el pago de dos facturas, emitidas el 8 de septiembre de 2022, por montos de $57.

380. 086 y $43. 035.

064. La situación podría afectar a cerca de 150 funcionarios que actualmente se desempeñan en áreas administrativas y de cementerios. Cabe recordar que el municipio concretó recientemente el traspaso de la salud primaria a su administración, mientras que la educación ya fue transferida al SLEP Elqui.

“Es un hecho que nos golpea nuevamente debido a una gestión deficiente, cuyas consecuencias seguimos enfrentando. A pesar de ello, continuaremos trabajando para cerrar definitivamente la corporación”, Eduardo Rodríguez, secretario general de la CGGVDato: Cerca de 150 funcionarios de áreas administrativas y cementerios podrían verse afectados por esta situación.