Un amplio respaldo desde el mundo gremial y municipal ha comenzado a generar en la Región de Coquimbo una de las propuestas incluidas en el proyecto de ley de Reconstrucción Nacional: modificar el funcionamiento del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), organismo que históricamente ha sido cuestionado por los extensos plazos en la revisión de hallazgos arqueológicos y patrimoniales. En concreto, el proyecto establece un plazo máximo de 20 días corridos para que la entidad se pronuncie ante este tipo de situaciones. De no existir respuesta en ese período, las obras podrán continuar.

Asimismo, se incorpora una nueva categoría de “intervenciones menores”, que permitirá la ejecución de trabajos mediante un sistema de aprobación automática a través de aviso electrónico, eliminando la necesidad de autorizaciones previas en casos de menor complejidad. A esto se suma la exigencia de asesoría profesional especializada — arqueólogos o paleontólogos — y la aplicación de multas en casos de omisión de avisos o declaraciones falsas. Mayor certeza para la inversiónDesde el sector privado, esta iniciativa es vista como un avance concreto frente a una problemática de larga data.

Al respecto, el gerente de CIDERE, Ricardo Guerrero, señaló que el proyecto responde a una de las principales inquietudes del mundo empresarial respecto al rol del consejo. “Esto va en la línea de reclamaciones históricas del sector privado. El Consejo de Monumentos Nacionales representa hoy una de las trabas más complejas dentro de la burocracia para la tramitación de proyectos de inversión”, afirmó el gerente de CIDERE.

En esa línea, destacó que la definición de plazos acotados introduce un elemento clave como la previsibilidad. “Hoy el CMN puede tomarse un tiempo indefinido, mientras el titular del proyecto debe mantener paralizada su iniciativa, asumiendo costos adicionales y sin certeza del resultado”, explicó el dirigente. Guerrero también valoró otras medidas contempladas en el proyecto, como la aprobación automática de obras menores en áreas protegidas, la exención del impuesto territorial a bienes declarados monumento histórico y la delimitación más precisa de lo que se entiende por hallazgo arqueológico, con el fin de evitar interpretaciones que deriven en paralizaciones injustificadas.

Foco en destrabar proyectosDesde la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) La Serena, su presidente Giovanni Innocenti coincidió en la necesidad de avanzar en este tipo de reformas, subrayando que el principal aporte de la iniciativa es la incorporación de criterios de certeza, plazos definidos y proporcionalidad. “Se trata de una medida urgente que busca subsanar una de las mayores trabas que enfrentamos: la demora en permisos y trámites. No apunta a debilitar la protección del patrimonio, sino a evitar paralizaciones indefinidas de obras que son críticas para el desarrollo regional”, sostuvo el presidente de la CChC.

El dirigente gremial enfatizó que la propuesta va en la dirección correcta para dinamizar la economía local. “Necesitamos acelerar la ejecución de infraestructura, impulsar la vivienda y reactivar el empleo, con mejores estándares y una institucionalidad más coordinada”, añadió Innocenti. Municipios destacan impacto en gestión localA nivel local, la evaluación también es positiva.

De hecho, desde la municipalidad de La Serena señalaron que la iniciativa responde a una necesidad urgente para mejorar la eficiencia en la ejecución de proyectos. “Durante años hemos enfrentado demoras prolongadas en las respuestas del Consejo de Monumentos Nacionales, lo que ha retrasado sistemáticamente la puesta en marcha de obras. Incluso, en varias ocasiones hemos debido relicitar proyectos porque los costos se actualizan producto de estas demoras”, indicaron desde la casa edilicia serenense.

En ese sentido, destacaron que la propuesta permitirá establecer reglas claras y tiempos definidos, lo que facilitará la planificación y ejecución de iniciativas tanto públicas como privadas. Una visión similar manifestaron desde la municipalidad de Coquimbo, desde donde valoraron especialmente la incorporación de plazos más acotados en la tramitación. Según señalaron, esto permitirá avanzar con mayor rapidez en proyectos de inversión e infraestructura que actualmente enfrentan retrasos significativos.

“Esto es una muy buena noticia para la comuna, ya que impacta directamente en el desarrollo local y en la calidad de vida de los vecinos”, señalaron desde el municipio porteño, agregando que es clave seguir avanzando en mecanismos que otorguen mayor certeza a los procesos. No obstante, desde el municipio coquimbano enfatizaron que estos cambios deben ir de la mano con la protección del patrimonio, considerando el alto valor arqueológico, arquitectónico y cultural del territorio. Mientras que el alcalde de Ovalle, Héctor Vega Campusano, también destacó el impacto positivo que podría tener la medida, especialmente en sectores con valor patrimonial como Barraza.

“Durante mucho tiempo, los procesos ante el Consejo de Monumentos podían extenderse por meses, generando retrasos importantes e incluso desincentivando la inversión. Contar con plazos definidos nos permitirá avanzar con mayor agilidad”, afirmó Vega. Por su parte, el alcalde de Illapel, Denis Cortés, también subrayó que la iniciativa podría contribuir a destrabar proyectos que hoy se ven frenados por la burocracia.

“Muchas veces, más allá de la necesaria protección patrimonial, se generan obstáculos que impiden que el propio Estado ejecute inversiones. La falta de respuestas oportunas termina provocando el abandono de inmuebles y proyectos”, indicó. Cortés añadió que establecer plazos claros, como ocurre en otros servicios públicos, permitirá equilibrar la protección del patrimonio con la necesidad de desarrollo.

“Es fundamental resguardar las zonas arqueológicas, pero también dar viabilidad a los proyectos que son necesarios para las comunidades”, aseveró el edil illapelino. Otras voces, en cambio, asegura que los nuevos plazos no permitirán tener un proceso adecuado, lo que debilita la capacidad de prevenir daños patrimoniales, al quitarle herramientas al CMN para frenar proyectos cuando existe riesgo para el entorno.